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En el recientemente publicado ranking de competitividad global 2015/2016 del Foro Económico Mundial que considera a 140 países, Perú meritoriamente mantiene muy buenas posiciones en indicadores macroeconómicos, por lo cual en la reunión anual de gobernadores del BM y del FMI de estos días, Christine Lagarde, cabeza del FMI, consideró la economía peruana como una de las estrellas de la región. La activa participación de Perú en la Alianza del Pacífico, que continúa haciendo progresos, es otra evidente fortaleza. Lamentablemente, en otros pilares de competitividad, la performance peruana es deficiente o muy mala. Así como sería injusto no reconocer las fortalezas macroeconómicas del país, sería iluso no abrir los ojos ante sus debilidades en institucionalidad, innovación, e infraestructura pública.

En pilares básicos, por ejemplo, mientras nuestro país se ubica en la delantera en ambiente macroeconómico (¡23!), se halla muy rezagado en instituciones (posición 116), en salud y educación primarias (100), y atrasado en cantidad y calidad de infraestructura (89). En cuanto a pilares potenciadores de eficiencia, destaca, una vez más, el desarrollo del mercado financiero donde Perú está bastante bien ubicado (30). Finalmente, en pilares de innovación y sofisticación, estamos sumamente rezagados en innovación (116) y atrasados en sofisticación empresarial (81).

Entrando en detalles, donde los indicadores del ranking de competitividad global resultan alarmantes y reflejan nuestras mayores deficiencias es en el pilar de instituciones. Aquí chocamos con indicadores penosos, tales como carga de regulación gubernamental (posición 133), prácticas de contratos y despidos (133), seguridad (131), sobornos en decisiones judiciales (posición 130), eficiencia del marco legal en resolución de litigios (130) y, por último, desempeño del sector público (117).

Nuestros cuellos de botella institucionales reflejan fallas de gestión pública. La enorme carga de regulaciones gubernamentales (133 entre 140 países), es decir la sobre regulación, efectivamente perjudica la puesta en marcha y los avances tanto de la gran inversión minera como de la gran inversión en infraestructura, y naturalmente afecta el clima de negocios en general.

Estamos ante un círculo vicioso. Empujados por la falta de resultados, los sectores emiten nueva normativa, a veces reiterativa, pero como en términos generales los funcionarios actúan a la defensiva, temen tomar decisiones y asumir responsabilidades, la nueva normativa, que expresa una mayor carga regulatoria, termina simplemente generando más trabas que retroalimentan y exponencian la permisología, y agravan las demoras.

La ineficiencia del marco legal en la resolución de litigios (posición 130) es otro factor de atraso. Esta situación de larga data impulsó el recurso a los arbitrajes para compensar la falta de capacidades del sistema judicial. Paradójicamente, en el recientemente publicado DL 1224, ley marco de asociaciones público privadas (APP), se establece que los organismos reguladores deberán coadyuvar en la defensa de los intereses del Estado, lo que desvirtúa la autonomía de los reguladores de servicios públicos, modifica contratos firmados a largo plazo donde el regulador no es parte en los arbitrajes porque no es parte en los contratos, y revela que cuando algo no le gusta, el Estado arbitrariamente cambia las reglas del juego.

Según el FMI se necesitan reformas para reactivar la economía global y reducir la desigualdad en el mundo. Lo cierto es que el mundo está en dificultades desde la crisis del 2008, y los países ricos no se atreven a reformarse, o se equivocan al ajustarse tibiamente. Ellos han pasado 7 años en una especie de limbo económico, y pese a la falta de resultados, la receta sigue siendo más o menos la misma.

Los organismos multilaterales denominan reformas a la introducción de las mejores buenas prácticas en cada área de problemas para solucionar temas estructurales o institucionales que impiden salir de la desaceleración de la economía global. Ahora, si esto va a servir para justificar cambios arbitrarios introducidos por los Estados para evitar sus responsabilidades, estamos mal encaminados. Ejemplo: aquí el Estado no logra completar las expropiaciones, lo que causa años de atrasos e incrementos de costos por el tiempo perdido en los grandes proyectos de infraestructura. ¿La solución? Reformar mediante cambios reglamentarios, o mediante decisiones unilaterales del ente rector (MEF), los contratos de APP para redistribuir la matriz de riesgos de manera que el Estado deje de ser responsable por las demoras que origina. En vez de resolver el problema, agilizando su gestión para lograr resultados, el Estado con frescura opta por prohibir los efectos de su ineficacia.

"Lamentablemente, en otros pilares de competitividad, la performance peruana es deficiente o muy mala".