APP en la agenda global

Sin infraestructura no hay forma de sostener el crecimiento del país. Con la enorme brecha existente, el costo de transar y de la logística misma continuarían siendo tan elevados que no habría forma de ser competitivos. Esa falta de competitividad no se arregla con subsidios a la producción, ni rebajando impuestos para algunos sectores seleccionados, mientras el sector minero exporta materias primas y los subsidia con sus impuestos. Si no somos capaces de equipar al país en el mediano plazo con infraestructura para conectar a los peruanos con el mercado, no habrá forma de lograr la planeada diversificación industrial en el largo plazo.

Hay cifras globales diversas respecto a cuánto necesitan invertir los países en infraestructura, para equiparse y crecer. Por ejemplo, APEC agrupa 21 países que al 2013 generaron 58% del producto mundial y movieron 46% del comercio global. Según estimados de la Universidad Renmin en China, los países de APEC necesitan llegar a invertir 2 trillones de dólares por año, es decir, 20 trillones durante los siguientes diez años, para lograr metas razonables de crecimiento en sus países miembros.

Por otro lado, según MacKinsey, el mundo necesita invertir en infraestructura 57 trillones de dólares al 2030 durante los siguientes 16 años para crecer moderadamente. Esta proyección es compatible, de orden similar, a la de la Universidad Renmin.

En los años venideros habrá una gran competencia entre países de todo tamaño y nivel de ingresos, para financiar este enorme esfuerzo global.

Dado que las inversiones en asociaciones público privadas (APP) en infraestructura se hacen a 20 o 30 años, resultan el match perfecto para las aseguradoras, inversionistas institucionales y fondos soberanos. Por su parte, las multilaterales tienen recursos limitados, y a los bancos comerciales no les interesa financiar el largo plazo, prefieren financiar la construcción que suele tomar 3 a 5 años, u otorgar créditos puente al inicio.

En este contexto, el Presidente Xi propuso en octubre de 2013 la creación del Banco Asiático para Inversión en Infraestructura (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB). Este Banco se crearía formalmente a fines del presente año, y la iniciativa china se viene discutiendo en el seno de APEC. El AIIB tendría inicialmente un capital de $50,000 millones, y China se ha comprometido a aportar hasta 50% del capital, en caso necesario.

El AIIB invertirá en construcción de infraestructura en Asia y cooperará con otros bancos de desarrollo regionales y las multilaterales, de modo que al mismo tiempo que contribuye a la recuperación de la economía global, fortalecerá la conectividad en la Región.

Para complementar el esfuerzo de la creación del AIIB e incluir a otros países no asiáticos miembros de APEC, la semana pasada un grupo de expertos presentó, en el marco de reuniones preparatorias de APEC en China, un modelo de APP en cierta forma innovativo. Los países miembros de APEC que lo deseen aportarían al capital de constitución de un fondo mutuo, que a su vez levantaría recursos de inversionistas institucionales globales, aseguradoras, para financiar APP en los países asociados al fondo mutuo. Los proyectos de cada país serían presentados para ser calificados y financiados con recursos del fondo.

Esta propuesta necesita más estudio para evitar demasiada interferencia de los administradores del fondo en el diseño de proyectos, así como evitar la participación –a todas luces innecesaria- del Estado en las empresas operadoras de las APP adjudicadas. Justamente el objetivo central de las APP es sacar al Estado de la gestión y de la responsabilidad de construir, operar y mantener a 30 años las infraestructuras concesionadas.

El potencial del fondo mutuo para infraestructura propuesto es grande, y el Perú podría hacer buen uso de recursos del fondo, pero debiera evitarse la burocratización de las APP, cuyo éxito se debe precisamente a que el Estado autoriza y contrata a largo plazo a un privado para explotar una infraestructura con elevados niveles de servicio, a una tarifa regulada, razonable para los usuarios. El Estado regulador es mucho más eficiente que el Estado empresario. No lo olvidemos.