¿Cómo va la universidad?

Transcurridas diez semanas desde la promulgación de la nueva ley, es necesario llamar la atención sobre el avance de su implementación y ser capaz de producir una real mejora de la calidad. La ley, por cómo fue su nacimiento, tiene vacíos y contradicciones en sí misma.

Fraseos que pueden convertirla en un instrumento promotor o en una herramienta burocrática, fuente de sobrecostos e, incluso, llegar a violar los derechos a la educación continua de cualquier ciudadano. El ministro
Saavedra, al margen de nuestra discrepancia sobre la posibilidad de la autorregulación, fue fundamental para orientar la ley hacia la calidad y su papel es hoy crucial para el logro de una ley promotora.

La universidad posee cuatro problemas principales por resolver. La mejora de la calidad es el primero de ellos, y la ley puede crear el contexto para lograrlo. El segundo es dotar de cobertura educativa a la juventud, e igual, la ley puede estimularla. El tercero es la corrupción, donde la ley aporta en lo que puede y la realidad ratifica que ella no tiene que ver en muchos de los temas que ejemplificaban la mala universidad.
El cuarto problema es respetar la autonomía y la autorregulación, que garantizan la libertad de pensamiento y de enseñanza. Sobre ello hay triunfos y derrotas, indispensables de analizar con la esperanza de reconstruirla distinta y más fuerte.

La calidad no aparecerá por la ley. Existió desde antes, así como existen pésimos ejemplos. La ley define los requisitos básicos, académicos y de infraestructura para una buena universidad.
Es bastante pero insuficiente.Descuida el factor humano. Conocemos de antiguas universidades privadas, con enormes recursos, que vivieron en el confort e incluso en la mediocridad hasta la aparición de las nuevas universidades.

“La ley puede romper las trabas a la inversión privada que el Congreso absurdamente impuso”.

Por ello, la ley puede y debe fomentar la competencia. Ese escenario que Derek Bo, presidente de Harvard, señaló como el mejor complemento para el mejor desempeño de la universidad.
La acreditación es otro buen instrumento. Es una buena señal que la idea sea aprender del Sineace y no destruirlo y que se reafi rme la acreditación voluntaria. Debería hacerse lo mismo con Conafu, responsable anterior del licenciamiento, pero asignando la evaluación a empresas privadas y no a comisiones internas del órgano estatal. Ese fue el gran error.

La ley puede romper las trabas a la inversión privada que el Congreso absurdamente impuso. Su correcta aplicación puede ser un primer logro al facilitar llevar filiales de las buenas universidades a lo largo y ancho del país.

Corregir la corrupción no es solo problema del Sunedu. La ley solo resuelve la corruptela electoral de las públicas con la presencia de la ONPE.

Cerrar una universidad sin infraestructura es tarea del Indeci, así como sancionar incumplimientos en el servicio educativo del Indecopi, y los delitos tributarios de la Sunat. Las sanciones del Sunedu deben surgir de las sanciones de estos organismos.

La ley no pudo coartar la libertad de propiedad y de gestión. Nos sentimos complacidos de nuestra lucha. Pero hirió la libertad de enseñanza y pensamiento. La autonomía como autorregulación fue derrotada y ello genera un riesgo enorme a los derechos democráticos de nuestra sociedad. Su carácter estratégico obliga a un análisis profundo para su recuperación.

Hoy, toca resolver la implementación de la ley. Es indispensable que el Minedu, actual rector de la universidad, escuche las propuestas. Saavedra, en correcto ánimo democrático y promotor de la educación, así lo ofreció.