El control preventivo: ilusión o realidad

El incremento del presupuesto de la República se tradujo en un crecimiento de la inversión pública pero al mismo tiempo de la corrupción. Su presencia en el Gobierno Nacional se vio extendida a los gobiernos regionales y municipales. El cáncer de la corrupción hizo metástasis.

Una regla general de nuestra política es que, con el inicio de un nuevo gobierno o gestión, se hace un balance y liquidación del anterior. Las acusaciones de corrupción, justificadas o no, proliferan. Luego viene el lugar común de decir que si todo esto sucedió es porque la Contraloría no hizo su trabajo o “llegó tarde” a detectar la corrupción.

En este contexto, naturalmente, la solución es que la Contraloría haga “control preventivo”. Pero esto, consideramos, es más superstición antes que ciencia. Es un “remedio milagroso” que dejará la sensación de que “se hace algo” y acallará a los críticos, pero que no constituirá un tratamiento efectivo. 

Contar con un auditor para supervisar cada una de las actuaciones de los funcionarios públicos para prevenir las irregularidades es como tener un policía de copiloto en cada vehículo de la ciudad para evitar los accidentes de tránsito. Si el accidente ocurre, ¿a quién hacemos responsable: al conductor o al policía?

Estoy convencido de que los problemas se resuelven con estudio y trabajo, no con curas milagrosas. Sostener que el control preventivo resolverá el problema de la corrupción expresa un profundo desconocimiento sobre su alcance legal. El control preventivo carece de fuerza vinculante por ley. 

Lo único que vincula al corrupto con el delito es la prueba, la cual aparece solo en la investigación que emana de las auditorías, cuya naturaleza es de carácter posterior. La prevención se centra en recomendaciones no vinculantes, justamente para evitar interferir en la toma de decisiones y paralizar la gestión pública.

La prevención es importante, no sostenemos lo contrario. Pero no es una tarea que deba recaer en la Contraloría. El poner a la Contraloría de “copiloto” en todos los procedimientos que involucren gasto público solo implicaría burocratizar la inversión pública en un contexto que requiere precisamente lo contrario. 

Para prevenir la corrupción deben funcionar los tres niveles de control en el Estado. El primer nivel es el control que realiza el funcionario público, el segundo nivel está a cargo de los ministerios y entidades responsables de ejecutar eficientemente sus funciones y recién el tercer nivel con el control externo de la Contraloría que verifica todo lo anterior. 

Es innegable que la Contraloría se ha modernizado. Sin embargo, los grandes cambios requieren plazos mayores y exigen continuidad. Las reformas de segunda generación se centran en fortalecer su autonomía, potenciar la capacidad sancionadora, mejorar el sistema de denuncias acercándose al ciudadano y retomar los importantes proyectos de ley anticorrupción que están en el Congreso. 

El mundo moderno está migrando hacia el control del desempeño de las instituciones, verificando si cumplen o no con sus objetivos. La Contraloría ha desarrollado esta práctica para contribuir a mejorar la eficiencia en la gestión pública.

El reto del nuevo gobierno es alentar y facilitar las reformas de segunda generación de la Contraloría. Nuestra historia nos ha enseñado que la política del “borrón y cuenta nueva” no permite darle continuidad a las buenas prácticas implementadas. Actuar contra la corrupción requiere de un liderazgo del más alto nivel, fortaleciendo a las instituciones que por ley están facultadas a llevar a cabo esta tarea.