La agenda de la competitividad

De lo que la nueva administración haga para impulsar la agenda de la competitividad dependerá que nos mantengamos en la senda del crecimiento acelerado o que sucumbamos al nuevo ritmo de la ralentización en curso. Antes de la década del 90 nuestro crecimiento estuvo principalmente impulsado por la acumulación de los factores, con una contribución negativa de la Productividad Total (PTF). Esta situación se revirtió en los últimos tres lustros, periodo durante el cual la PTF explica casi un tercio del crecimiento registrado. 

A pesar de estos importantes avances, la productividad de nuestros trabajadores sigue siendo baja. De allí la enorme urgencia de que el próximo Gobierno aborde con prontitud una agenda de reformas que favorezca la competitividad, con dos componentes cuyo abordaje inmediato no debiera entrañar mayores difi cultades. Me estoy refiriendo a la simplifi cación normativa y el cierre de brechas de infraestructura.

La actuación arbitraria e implementación irrazonable de la normatividad por parte de las autoridades no solo obstruyen la inversión, sino que generan sobrecostos y limitan la competencia. Para atajar este problema, las próximas autoridades debieran instaurar una veda normativa temporal, implementar un TUPA único para los municipios, y fortalecer las facultades y capacidades de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi.

Como se sabe, estamos entre los coleros en el componente de infraestructura del Ranking Global de la Competitividad, habiendo caído del puesto 93/125 al 105/144 en el periodo 2006-2014.

Buena parte de las trabas que actualmente frenan la inversión en infraestructura son las mismas que limitan la iniciativa privada en general, y guardan relación directa con  el burocratismo, la regulación excesiva y la dilación para el otorgamiento de permisos y autorizaciones. Se estima que hay más de US$ 17,000 millones en grandes proyectos de infraestructura parados, principalmente por problemas con el otorgamiento de terrenos y servidumbres saneados por parte del Estado. Esta problemática cobra aún más vigencia a la luz de la contracción por segundo año consecutivo de los flujos de inversión privada.

Más allá de las iniciativas de simplificación administrativa y racionalización regulatoria que se pudieran impulsar, urge implementar medidas específi cas que contribuyan a expeditar
la expropiación de predios uno de los cuellos de botella más restrictivos actualmente. De otra parte, considerando que se cuenta con más de US$ 35,000 millones en proyectos de inversión ya comprometidos o por adjudicarse, muchos de los cuales enfrentan las mismas trabas y restricciones para su puesta en marcha, se debiera desarrollar un esfuerzo deliberado para destrabar de manera puntual ese portafolio de iniciativas. 

Para ello, se podría nombrar un grupo de facilitadores que reporten a un ‘zar de la inversión’, con rango de ministro, que rinda cuentas directamente al presidente y sea responsable de coordinar con los distintos ministerios involucrados. 

En un entorno internacional adverso, como el que enfrentamos, y frente a los crecientes riesgos que la desaceleración global plantea, el crecimiento del Perú en los próximos años dependerá en mayor medida de las ganancias de productividad que alcancemos. De allí la especial urgencia que para el próximo Gobierno tendrá impulsar la ambiciosa agenda de reformas pendientes. Los avances que se alcancen en la simplificación administrativa ayudarán a destrabar buena parte de los grandes proyectos de inversión actualmente entrampados.