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Gabriel Goldschmidt
Gerente de Inversiones en Infraestructura – Banco Mundial

Casi todas las semanas, en Latinoamérica se anuncia con bombos y platillos un nuevo proyecto de infraestructura. Autopistas, parques eólicos, centrales hidroeléctricas, transportes urbanos, puertos y mucho más. ¿Cuántos de estos anuncios se harán realidad? Lamentablemente, muy pocos. La razón es sencilla: si bien las aspiraciones y necesidades de infraestructura son enormes, los presupuestos públicos son limitados (la caída de los precios de las materias primas no ayuda) y el sector privado no juega un papel importante en estos proyectos.

Así las cosas, debemos lidiar con ciudades congestionadas, opciones de transporte escasas o deficientes y costos energéticos elevados. América Latina no cuenta con la infraestructura necesaria para fortalecer sus economías. La región invierte en infraestructura entre el 2 % y el 3 % de su PIB, un promedio anual de US$ 120 mil millones. Necesitamos al menos duplicar esa cifra para alcanzar las metas de crecimiento, mejorar la productividad y profundizar nuestra integración a los mercados globales.

Las economías con infraestructura moderna ofrecen más oportunidades y mejor calidad de vida a su población. En toda la región, la baja inversión en infraestructura influye en la productividad y en la creación de empleo.

La situación se agrava porque esta es la región más urbanizada del mundo –con ocho de cada diez habitantes viviendo en ciudades– y cuenta con una clase media en crecimiento que ha permitido que 50 millones de personas salgan de la pobreza en la última década.

Las preguntas claves aquí son: ¿Cuáles son las medidas que pueden contribuir a impulsar un desarrollo efectivo de la infraestructura? ¿Qué papel podría tener el sector privado? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento al alcance? Existen ejemplos positivos en la región, pero claramente queda mucho por hacer.

En primer lugar, los gobiernos deben crear un entorno regulatorio estable para asegurar a los inversionistas que no se cambiarán las reglas del juego una vez que se hayan comprometido con un proyecto. Un ejemplo positivo es el Perú donde, basado en la Constitución de 1993, en los últimos 20 años se ha implementado un marco legal estable para atraer capital privado. Los resultados: el país ha logrado una inversión privada de US$ 14 mil millones en 31 proyectos de transporte. En Colombia, la ley sobre asociaciones público-privadas del 2012 creó mecanismos de licitación transparentes y claros sobre la forma en que se adjudican los contratos.

En segundo lugar, América Latina debe planificar cuidadosamente los proyectos de infraestructura.

A menudo es tentador ejecutar con rapidez un proyecto urgente. Sin embargo, apresurarse en la preparación de un puerto, una carretera o un túnel, que pueden tener una vida útil de 100 años o más, es pan para hoy y hambre para mañana. Para que la infraestructura sea adecuada debe ser sostenible en el largo plazo: desde la ingeniería del proyecto hasta las consideraciones ambientales y sociales, y la asignación de los riesgos financieros.

Por último, el sector privado puede jugar un papel esencial para solucionar el déficit de infraestructura de la región. América Latina debe examinar cómo atraer vastas sumas de capital de fuentes que todavía no han sido utilizadas y estudiar nuevas plataformas para manejar riesgos y facilitar financiamiento a largo plazo. Según algunos informes, los fondos de pensiones –que constituyen una fuente esencial de ahorro interno en América Latina– invierten apenas el 1% de su cartera en infraestructura en todo el mundo. De la misma manera, solamente el 2% de los activos de las aseguradoras internacionales se destina a infraestructura.

México, por ejemplo, ha adoptado una solución innovadora, conocida como FIBRA E, para movilizar fondos privados que puedan destinarse a proyectos de infraestructura. Es un instrumento que opera como un fideicomiso público y permite que actores privados, como los fondos de pensiones, inviertan en proyectos de infraestructura que generan ingresos en efectivo.

Otro ejemplo es Colombia, donde se ha racionalizado el proceso de licitación para su programa de carreteras, que implica una inversión de US$25 mil millones. El proceso ha permitido presentar un programa que comprende varios proyectos, con contratos estandarizados y un proceso de licitación unificado, lo cual ha resultado más eficaz para despertar el interés del sector privado que hacerlo proyecto por proyecto.

En este contexto, los bancos multilaterales de desarrollo pueden apoyar a los gobiernos a evaluar distintas opciones. Estas organizaciones pueden asesorar a los gobiernos para fomentar las inversiones privadas a través de la reducción de riesgos, en particular en tipos de proyectos poco usuales para el sector privado en la región. Los bancos multilaterales deben desplegar sus conocimientos globales y ayudar a implementar soluciones que han sido exitosas en otras regiones, así como desarrollar plataformas innovadoras para movilizar nuevos financiamientos y mejorar la calidad en la estructuración de proyectos de infraestructura.

Con mucha frecuencia se considera que la infraestructura es un gasto. En realidad, es una inversión esencial para la calidad de vida: buena infraestructura permite que las personas lleguen a sus lugares de trabajo con seguridad y rapidez, que los niños puedan estudiar hasta tarde porque tienen buena electricidad, y que las familias preserven su salud con servicios de agua y saneamiento accesibles. Aprovechemos la capacidad del sector privado para desarrollar la infraestructura que América Latina necesita y que conduzca a una mayor prosperidad para todos.

Fecha: 26 noviembre 2015 | Fuente: Portafolio.co

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