Lo que pide la gente

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se ha iniciado un debate sobre el significado de los resultados en términos de política económica. En toda elección, la gente vota por el candidato que le parece el más capaz de responder a sus preocupaciones y necesidades. Dado que los dos postulantes que obtuvieron casi dos tercios de la votación no promueven cambios radicales al modelo económico, ¿podemos asumir que la ciudadanía respalda su continuidad? Es importante saberlo, pues el próximo gobierno debe tener claro el rumbo económico que debe darle al país.

La más reciente encuesta de Ipsos nos ayuda a entender las preocupaciones y necesidades de la gente. El 58% de la población declara que quiere cambios moderados al modelo económico, el 33%, cambios radicales y un 7% prefiere no hacer cambios. Preguntados los que desean algún tipo de cambio (moderado o radical) sobre qué quisieran modificar, responden: mejora en la educación (59%), mayor eficacia contra la delincuencia (55%), eliminación de la corrupción (48%) y mejora en la salud (38%). De estos datos se puede concluir que existe una gran confusión entre “modelo económico” y funcionamiento del Estado. Las demandas de la gente se dirigen a una mejor provisión de los servicios a cargo del Estado y no a modificar las bases fundamentales del modelo de economía de mercado y responsabilidad fiscal que ha guiado el manejo económico en el Perú los últimos 25 años. 

En el reciente cuarto de siglo, los gobiernos, con diverso grado de convicción, manejaron la economía sin apartarse de los pilares que sostienen la economía de mercado. Así, tenemos políticas macroeconómicas orientadas a mantener la estabilidad de la economía (tasa de inflación baja) respetando la total autonomía del BCR. También mercados libres, sin controles ni barreras a la entrada, donde el Estado juega un rol de árbitro vía instituciones como Indecopi, Osiptel, Ositrán, SBS, etc., para evitar prácticas que afecten la libre competencia, y donde es el sector privado –y no el Estado, como en economías socialistas– quien define dónde invertir. Asimismo, el rol subsidiario del Estado, la integración de la economía al mundo a través de la apertura comercial y firma de tratados de libre comercio, la promoción de la inversión privada nacional y extranjera como generadora de riqueza, empleo y tributos, y el respeto a los contratos y los derechos de propiedad. Los resultados de la persistencia en estas políticas en términos de crecimiento y reducción de la pobreza son ampliamente conocidos.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos no fueron capaces de reformar el aparato estatal para ponerlo eficazmente al servicio del ciudadano. Salvo contadísimas excepciones –BCR, reguladores, Reniec, ONP y algunas otras entidades que habría que estudiar a fondo para replicar su receta en el resto del sector público–, los cambios que hemos visto solo han servido para hacer el Estado más grande y costoso. Así, tenemos un Estado tres veces más grande que hace diez años, más burocrático, más fragmentado y maniatado por un formalismo extremo, impuesto como única respuesta a la corrupción, que no se logra detener. Todo esto se manifiesta en inoperancia y lejanía en la provisión de los servicios, lo que produce la explicable insatisfacción del ciudadano.

En medio de esta confusión entre modelo económico y funcionamiento del Estado –que no solo existe entre la población, sino también entre muchos políticos y analistas, sea por sesgo ideológico o ignorancia–, el debate sobre cómo hacer que el Estado brinde servicios de calidad al ciudadano ha sido casi inexistente. Por ejemplo, una de las mayores causas del mal funcionamiento de nuestro Estado es el improvisado y mal diseñado proceso de descentralización iniciado hace más de una década. El plan de gobierno del Peruanos por el Kambio plantea la creación de un ministerio de apoyo a las regiones (MAR). El de Fuerza Popular (FP), en cambio, medidas muy generales a fin de fortalecer “la descentralización para hacer que cumplan sus objetivos y responsabilidades”. ¿Necesitamos un nuevo ministerio, que tendría el formidable reto de tener que lidiar con las otras carteras y, a la vez, con regiones y municipios? ¿Por qué las medidas propuestas por FP no aterrizan para incluir, por ejemplo, un proceso de recertificación de capacidades de gobiernos subnacionales y mecanismos que aseguren el cumplimiento de las políticas nacionales, como debe ser en un país unitario?

Asimismo, la campaña electoral mostró una gran timidez en propuestas que mejoren el funcionamiento del mercado y que promuevan abiertamente la inversión privada, pese a que el modelo económico ha sido razonablemente exitoso. A veces parece que el 20% antimodelo dictara la agenda política. No hay tiempo que perder. La economía necesita un Estado que funcione y este una economía que le provea los recursos para brindar servicios de calidad.