No hay por qué asustarse

Invertir continuamente en proyectos de infraestructura bien seleccionados y priorizados, atrayendo postores e inversionistas institucionales de todo el mundo, es un objetivo nacional. Aumenta el potencial de crecimiento y dinamiza la economía.

Se trata de poner en marcha un plan de infraestructura de mediano plazo, con la ambición de cerrar al 2025 la brecha de infraestructura estimada en US$160.000 millones, invirtiendo 7% del PBI anualmente durante diez años hasta dejar atrás la pobreza. Con más de US$15.000 millones en asociaciones público-privadas (APP) adjudicadas detenidas, el país espera resultados inmediatos del nuevo gobierno mediante un shock de gestión contra la tramitología.

Para financiar tal programa de APP, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estima que el endeudamiento promedio necesario sería aproximadamente 2,5% del PBI anual. Endeudarse para invertir en infraestructura es recomendado por el Fondo Monetario Internacional, porque a la larga la relación deuda/producto declina, ya que los beneficios a largo plazo superan el costo de los proyectos.

Pero hay resistencias. Algunos candidatos propusieron utilizar el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) para invertir en infraestructura, generando reacciones de rechazo en algunos economistas pesimistas. 

De ninguna manera se trata de gastar los ahorros irresponsablemente. El país cuenta con ahorros públicos por 16,8% del PBI (incluido el FEF con 4,1% del PBI). Con tamaño ahorro total, para qué discutir sobre el uso del FEF. Además, cada año se quedan 10.000 millones de soles del presupuesto de inversión pública sin gastar, equivalentes a 1,5% del PBI. Con estos recursos podría alimentarse un fondo soberano de infraestructura, sin tocar el FEF.

Y con tantas carencias en infraestructura de servicios públicos, qué sentido tiene no utilizar parte de los ahorros fiscales. Es como una familia que no tiene plata para educar a los hijos y comprar una casa, porque está ahorrando para enfrentar un eventual terremoto. 

Por su parte, el Consejo Fiscal ha señalado recientemente que las cifras oficiales de la deuda pública no incluyen fuertes compromisos de pago estatal, que proyectados al 2050 y traídos a valor presente, elevan de 23% a 70% del PBI la deuda pública total reportada. Así, añaden 18% del PBI en deuda pensionaria, 21% del PBI en compromisos por APP y 8% del PBI por contingencias en garantías otorgadas por el Estado.

Es comúnmente aceptado que el Perú tiene una deuda pública manejable (23% del PBI), y en contrapartida cuenta con ahorros equivalentes a 16,8% del PBI.

El Consejo Fiscal razona distinto y considera la deuda pensionaria como si fuéramos a honrarla hoy, cuando lo cierto es que anualmente se presupuesta el pago de pensiones. El Consejo considera también compromisos futuros que el Gobierno tiene asumidos en contratos de APP, porque son pagos seguros que hay que hacer.

En la misma categoría de pagos seguros que hacer estarían los sueldos de maestros, policías y enfermeros, y a nadie se le ocurriría proyectarlos hasta el 2050 y traerlos a valor presente para añadirlos a una supuesta deuda pública oculta.

Además, se ignoran los beneficios directos e indirectos que generan las APP durante su vida útil, para descontarlos de los compromisos contraídos. Tampoco se deducen de la deuda pública inflada los activos financieros o ahorros del Estado por casi 17% del PBI.

Concluyendo, la deuda pública actual es manejable. El suelo está parejo.