¿Poderes incomunicados?

Sorprende que algunas comisiones del Legislativo rechacen temas planteados en el pedido de facultades, específicamente autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitar a un juez levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sospechosos de lavado de activos y narcotráfico.

Nadie puede oponerse a que se investigue con mejores herramientas legales delitos graves reportados por la UIF. Esta entidad, mediante informes de inteligencia financiera, reportó movimientos irregulares por US$13.000 millones entre enero del 2007 y julio del 2016. Somos el país donde se cultiva más coca en el mundo y, por ende, un país con narcotráfico. La corrupción, minería ilegal, contrabando, evasión tributaria, secuestro, trata y otros delitos también buscan introducir dinero en el sistema financiero y hacerlo parecer lícito, lavándolo. 

La UIF, existente desde el 2002 y dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros, recopila y procesa información sobre presunto lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Luego la alcanza al fiscal, titular de la acción penal, quien la evalúa y decide si presenta denuncia ante el juez, quien determinará si levanta la reserva tributaria o secreto bancario.

Hoy, el obligado a informar, por ejemplo un banco, al detectar una operación sospechosa, como un depósito inusual en una cuenta, lo reporta a la UIF. Esta entidad estudia la operación con la información de ese banco, pero no puede acceder a otros bancos o fuentes de información porque están protegidos por el secreto bancario y la reserva tributaria. Así, la información con la que trabaja la UIF es parcial, pues no usa todas las fuentes. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ha señalado que debe fortalecerse la UIF, pues esta realiza una labor especializada indispensable.

La UIF necesita acceso al secreto bancario y la reserva tributaria, previa autorización del juez, para hacer un informe completo y enviarlo al fiscal que iniciará, de considerarlo legalmente pertinente, la acción penal. No se viola la Constitución: el juez sigue siendo quien autoriza el levantamiento de la reserva tributaria y el secreto bancario para que el fiscal tenga información completa y más útil. 

La modificación planteada es fundamental para luchar contra delitos
graves y quizá faltó una buena comunicación para apreciar los alcances de la propuesta. De otra manera, es incomprensible la oposición a esta norma. Quizá es el natural pulseo entre poderes del Estado, pero téngase presente que el país siente que el Congreso será responsable si las normas de beneficio colectivo no se aprueban.

Impedir que la UIF solicite más información para lograr reportes completos es irresponsable, por decir lo menos. Las comisiones deben escuchar y analizar con prudencia las facultades solicitadas para que al llegar al pleno se puedan aprobar temas como este, que aporta a la lucha contra delitos graves. Los peruanos estamos esperando estas facultades para echar a andar el país y recuperar el tiempo perdido. No se trata de aprobar cualquier cosa, pero tampoco de oponerse por gusto.