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Carlos Casas Tragodara, Economista

Un proceso de descentralización se lleva a cabo con el único propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Ello implica, en la práctica, que deben proveerse los bienes y servicios que la ciudadanía necesita de la forma más eficiente posible. Es decir, a un costo razonable y atendiendo a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, un punto clave es el referido a la calidad del gasto, dado que no es suficiente que uno reciba un bien o servicio por parte del Estado, sino que tiene el derecho a que sea de buena calidad. 

Se piensa que la descentralización es una de las vías para que esto ocurra. Por tanto, es un medio y no un fin en sí mismo. La mirada debe estar en los ciudadanos y no en una municipalidad o gobierno regional. Un principio básico es que aquel nivel de gobierno con las mejores capacidades para encargarse de proveer un bien o servicio sea el responsable por el mismo. Como los gobiernos subnacionales están más cerca de la población, se supone que conocen de mejor manera sus necesidades y pueden responder de manera adecuada.

Sin embargo, en el Perú lo anterior no se ha cumplido a cabalidad. Existen muchas brechas que cerrar en salud y educación y es importante analizar qué ha significado la descentralización con respecto a dichos servicios.

En primer lugar, debemos mencionar que la Ley de Bases de la Descentralización establecía un proceso por etapas. La idea básica era que los gobiernos subnacionales fueran desarrollando sus capacidades y mostrando resultados. Luego de la certificación de estos resultados se les iría encargando otras funciones. Dentro de este esquema, la salud y la educación eran las últimas competencias que deberían ser transferidas. Sin embargo, todo lo anterior quedó en buenos deseos y los distintos gobiernos que se sucedieron alteraron según su conveniencia política este cronograma y las competencias de salud y educación se transfirieron mucho antes de lo previsto. 

Pero lo más serio es que, al igual que otras funciones, hubo un desorden grave en el proceso. En primer lugar, competencias como la educación o la salud requieren de una serie de actividades en donde cada nivel de gobierno juega un rol. Esto es lo que se denomina competencia compartida. Por ello era necesario identificar funciones y saber quién debe cumplir cada etapa. Cuando hablamos de funciones nos referimos a las de planificación, financiamiento, provisión, monitoreo, supervisión y control. El proceso de identificación no se llevó de manera adecuada, lo que generó el desorden mencionado. Esto ha provocado una falta de definición acerca del rol preciso de cada nivel de gobierno, lo que acarrea desperdicio de recursos y poca eficiencia en el gasto. El resultado de esta dinámica ha sido dispar. Por ejemplo, para el período 2008-2013 en departamentos como Moquegua y Amazonas el porcentaje de alumnos que dominan la matemática se ha triplicado, mientras en Huancavelica y Cajamarca este se ha deteriorado.

Esta situación no es responsabilidad exclusiva de un nivel de gobierno ni de las capacidades heterogéneas de los gobiernos regionales y locales. Desde el nivel central se observó una renuncia al rol rector, lo que no solo implica planificar sino también evaluar resultados y, sobre todo, coordinar. Este último aspecto es muy importante porque es necesario sumar esfuerzos para utilizar de la mejor forma posible los escasos recursos del país. Es necesario reconocer que en los últimos años se han observado iniciativas dentro de los ministerios de Salud y, principalmente, Educación. Sin embargo el camino por recorrer es largo. Y no solo en estos dos servicios sino en todos los que brinda el Estado. Si queremos que la descentralización camine y signifique algo para la población, es necesario mostrar resultados. 

Fecha: 08 septiembre 2016 | Fuente: El Comercio

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