Fortalezas y debilidades de la Política Nacional de Competitividad y Productividad

El 28 de diciembre, el Gobierno peruano aprobó oficialmente, mediante Decreto Supremo (DS), la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Esta iniciativa sería un intento de la actual administración por sentar las bases para atacar uno de los grandes problemas estructurales del país, que es la baja productividad y, como consecuencia de ello, la pérdida sostenida de competitividad.

Esta es la cuarta iniciativa que se toma en los últimos 14 años. En el 2005 se publicó el primer Plan Nacional de Competitividad en el país, el cual cumplió solo 21% de sus metas en sus 6 años de vigencia, según reporta el MEF. Luego se publicaron las agendas de competitividad 2012-2013 (que alcanzó un avance de 89%) y 2014-2018, que se quedó en un avance de 38% antes del cambio de gobierno en el 2016 y no trascendió al ciclo político.

A diferencia de los esfuerzos previos, la PNCP tiene un horizonte de planeación de largo aliento, pues estaría vigente hasta el 2030. Esto difiere de esfuerzos previos, cuyos horizontes eran como máximo de 5 años. Esto es valioso porque, idealmente, podría convertirse en una política de Estado que trascienda los cambios de gobiernos.

Desafíos

Sin embargo, la PNCP presenta algunos desafíos importantes. Un primer desafío está vinculado a la pertinencia de los indicadores de avance que se han elegido para cada uno de los nueve objetivos prioritarios (OP). Estos indicadores deben estar alineados con el cumplimiento de los objetivos, así como permitir hacer un verdadero seguimiento del avance. Un segundo desafío es asegurar la participación activa del sector privado en el diseño y ejecución de las medidas; siendo el sector privado el gran actor de la competitividad.

El tercer desafío es garantizar que exista una coordinación entre los diferentes actores del sector público para cada uno de los OP y también entre dichos objetivos con un enfoque integral. Finalmente, un cuarto desafío de cara al trabajo de los próximos meses es cómo lidiar con los plazos relativamente ajustados. Esto debido a que el objetivo del Ejecutivo es publicar un Decreto Supremo con los planes de acción para fines de junio y, para conseguir eso, estos planes tendrían que estar aprobados en mayo. Esto supone que quedarían solo tres meses para hacer un trabajo completo de identificación de acciones puntuales, concretas y priorizadas al 2030 para solucionarlos en el corto, mediano y largo plazo.

¿Cómo se mide el avance?

Sobre el primer desafío, es clave que la PNCP cuente con indicadores que sean pertinentes para hacer un verdadero seguimiento de avances importantes. Esto es un reto en varios de los indicadores elegidos. Como ejemplo, tomaremos tres objetivos priorizados.

En el OP 2, llamado “Fortalecer el capital humano”, se toma como indicadores: (i) Años promedio de escolaridad en la población entre 25-34 años y (ii) Porcentaje de estudiantes que alcanzan nivel satisfactorio en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE).

Para asegurar que el tiempo de escolaridad sea de calidad, un tema central es la calidad docente, que es uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema educativo: según el WEF, en calidad docente el Perú ocupa el puesto 124 de 140. Uno de los lineamientos de este objetivo reconoce que se requiere poner en valor la carrera magisterial, pero no se presenta ningún indicador para medir avance en ese sentido.

Más aun, en los lineamientos en este objetivo se refleja una preocupación por la educación superior, pero no se considera indicador alguno sobre la calidad ni la pertinencia de la educación universitaria y/o técnica. Un indicador potente en esta línea, por ejemplo, sería cuantificar cómo evoluciona el cierre de brechas de competencias y habilidades y para la empleabilidad; en particular en un contexto de revolución industrial 4.0. En esa línea, es importante notar las carencias en el Perú: nos situamos en puesto 111 de 140 en habilidades digitales y en puesto 106 entre 140 en facilidad para encontrar trabajadores calificados, de acuerdo con el WEF.

Por otro lado, está el OP 3: “Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas”. Para medir el avance en este objetivo se consideran los siguientes indicadores: (i) el porcentaje de valor agregado de actividades de tecnología mediana y alta en el valor agregado de la manufactura y (ii) gasto público en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI.

Respecto al primer indicador, sería conveniente que también se evalúe el valor agregado por componente tecnológico en más actividades productivas estratégicas para el país. De hecho, algunas de las cuales se han vuelto más intensivas en tecnología, como la agroindustria, y otras que tienen el potencial para serlo, como el sector forestal o la acuicultura.

Por el lado del gasto público en investigación y desarrollo, actualmente se invierte 0.08% del PBI. Si bien es un indicador muy importante, el que se efectúe dicha inversión no necesariamente garantiza que se está llevando a cabo un proceso de innovación, pues este gasto es un medio que no necesariamente constituye un verdadero indicador de que se está generando más innovación. Un indicador como el número de patentes generadas o el número de start-ups que despegan podrían ser indicadores complementarios.

Finalmente, el OP 1 se denomina “Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad”. El indicador elegido para evaluar el avance es el tiempo de accesibilidad de una localidad hacia puntos focales de provisión de servicios públicos, que realmente no refleja la calidad de la infraestructura. Siendo fundamental el tiempo de acceso, hay indicadores complementarios sumamente relevantes que tienen que ver con la sostenibilidad de las infraestructuras, con el mantenimiento adecuado para que la inversión no se pierda, con la transparencia en todas las fases del ciclo de vida de los proyectos y  con la ejecución de obras de manera eficiente. Así, por ejemplo, sería pertinente evaluar cuántos proyectos de infraestructura que incluyan los costos de mantenimiento son aprobados. También se podría cuantificar cuántos proyectos se retrasan.

La representatividad

Un segundo desafío es que la articulación a todo nivel es esencial para la puesta en marcha de la PNCP. En primer lugar, considerando que una política de competitividad apunta a hacer que el sector privado se haga más productivo y, de ese modo, competir en mejores condiciones en el mundo, es clave institucionalizar el diálogo público privado. Es de vital importancia que el sector privado participe activamente de la elaboración del Plan Nacional de Competitividad que se desprenda de la PNCP, pues son las empresas peruanas las que mejor conocen sus necesidades para ser más productivas y competitivas. En ese sentido, es fundamental que se restablezca el liderazgo del sector privado organizado y representativo dentro del Consejo Nacional de Competitividad.

Además de ello, es importante que el sector público esté coordinado y articulado integralmente a todo nivel. Dentro de cada OP todos los actores públicos deben estar articulados. Por ejemplo, en el caso de innovación, la articulación entre el Ministerio de la Producción, Concytec y la recientemente anunciada Agencia Nacional de Innovación será fundamental. Más aun, los Planes específicos para cada uno de los nueve OP serán liderados por distintas entidades del sector público y, por lo tanto, será clave que todos estén articulados entre sí bajo una visión estratégica integral.

Finalmente, el tiempo es corto para generar un trabajo público-privado. Se busca esto a través de comités técnicos público-privados para cada uno de los OP. Así, la premura lleva a que se realicen pocas sesiones de trabajo conjunto y cabe el riesgo de que los planes se queden en acciones no discutidas y retroalimentadas completamente. En otras palabras, el poco tiempo de maduración de los planes de acción puede hacer que el resultado no sea el óptimo.

En conclusión, la PNCP es una iniciativa que parece ser de una visión de más largo plazo del Estado y podría convertirse en una política que trascienda al cambio de gobierno en el 2021. Si bien tiene puntos perfectibles, existe espacio para hacer mejoras sustanciales de la mano del sector privado. Si bien esto se está buscando a través, esperamos que la premura por tener listos los planes de acción en los próximos tres meses no juegue en contra de lograr un resultado que sea verdaderamente accionable y tenga un impacto sensible en la competitividad del país, a través de un trabajo bien articulado entre todos los actores y con una visión integral.