Formalización como agente de movilización social

El Perú enfrenta una de las tasas de informalidad más altas del mundo, un fenómeno que, aunque surge como respuesta a crisis económicas recurrentes, constituye una barrera significativa para el desarrollo económico y social. La informalidad no solo limita el crecimiento empresarial, sino que también condena a emprendedores y trabajadores a una situación de baja productividad y precariedad económica y social.

El elevado nivel de informalidad en el Perú se origina en un entramado normativo complejo, altos costos para el cumplimiento de obligaciones legales y una marcada desconfianza hacia las instituciones del Estado. Además, la falta de incentivos económicos, educativos y técnicos impide que los actores del sector informal perciban la formalización como una opción viable y beneficiosa.

La corrupción en los distintos gobiernos ha socavado por décadas la confianza ciudadana, generando escepticismo hacia las instituciones. Esto explica, en parte, la reticencia a calificar la informalidad como ilegal, aunque técnicamente lo sea. Esta situación ha deteriorado la moral ciudadana, aumentando el rechazo hacia la clase política y, de paso, al sector empresarial. En este contexto, han proliferado economías ilegales, como el narcotráfico, el tráfico de tierras y, más recientemente, la minería ilegal impulsada por el alza en el precio del oro.

Es evidente que promover la formalización como un agente de movilización social es esencial para cerrar brechas de vulnerabilidad. Sin embargo, este cambio requiere superar un fuerte arraigo cultural. Por ello, es indispensable implementar campañas de comunicación que informen sobre los beneficios de la formalidad, enfocadas en emprendedores emergentes, con ejemplos de éxito que demuestren cómo la formalización mejora la competitividad y calidad de vida.

La promoción por sí sola, no obstante, no será suficiente. Es necesario establecer un marco regulatorio simplificado, accesible y digitalizado, que incluya una «ventanilla única» para la formalización. Este marco debe estar acompañado de incentivos económicos, capacitaciones gratuitas y herramientas tecnológicas para facilitar la transición hacia la formalidad de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de trabajadores independientes.

Adicionalmente, se debe fomentar la creación de instituciones dedicadas a promover la formalización, garantizando transparencia, agilidad y reduciendo la corrupción. La fiscalización, en este contexto, debe orientarse al acompañamiento y la prevención, dejando las sanciones como último recurso.

Esta agenda no es compleja de implementar, pero requiere decisión política y acción inmediata para avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible en beneficio de todos los peruanos.

Columna de opinión publicada en Gestión el 20.12.2024. Foto: Agencia Andina.