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Por: Alfonso Bustamante Canny, presidente de la CONFIEP. Gestión. 13-10-2023

No hay cuerdas separadas entre la economía y la política. En cinco años hemos tenido seis presidentes de la República. La atención de nuestros gobernantes se ha centrado en la confrontación política, de la cual el Poder Judicial no ha sido ajeno. Este comportamiento ha generado inseguridad y violencia, lo que a su vez motiva respuestas populistas con alivio a la inmediatez, pero profundizan problemas de fondo.

En el medio de este caos, nos sorprendió la pandemia, en que el presidente Martín Vizcarra y su nefasto ministro de Salud prefirieron condenar a muerte a decenas de miles de compatriotas antes que recibir apoyo del sector privado en la compra de vacunas y hasta en la donación de las plantas de oxígeno.

En 2020 el Congreso de turno, bajo la presidencia de Mirtha Vásquez, ante las protestas en Ica por el mal uso de las empresas llamadas “services”, revocó el régimen de promoción agraria aprobado un año antes y cuya vigencia llegaba al 2030. Este acto populista originó una informalidad al 50% de las empresas acogidas a ese régimen, lo que arrastra a la desprotección social a sus trabajadores y resta competitividad al sector. Hoy urge su reposición.

Luego, mientras la economía del resto del mundo rebotaba, en el Perú el regreso a la normalidad nos representó un magro crecimiento. La economía peruana en 2023 tendrá una contracción (decrecimiento) de entre -0.1% y -0.4%, lo que, a excepción de la pandemia, no ocurría en el país desde 1990. Esto es consecuencia de un deterioro de la inversión privada y de los efectos climáticos que afectan a la pesca, a la agricultura y al sector textil. En los últimos 12 meses la venta de viviendas nuevas cayó en 11%.

Al Gobierno le corresponde promover la inversión privada, retomar medidas de promoción sectoriales (sin despilfarrar el erario nacional) en busca de la competitividad, ser un facilitador de la reactivación. Debe articular con los diferentes ministerios para levantar las trabas burocráticas que frenan la inversión, acelerar los expedientes que otorgan los permisos e interceder con los gobiernos locales para hacer lo mismo. Una decisión política que se cae de madura es incrementar el Fondo Mivivienda, lo cual contribuirá con la reactivación económica y con el cierre de brechas sociales.

Los empresarios podemos promover los mecanismos de Obras por Impuestos para acelerar los proyectos de inversión priorizados por el Gobierno. Este mecanismo ha sido exitoso. Sin embargo, solo 250 empresas se han acogido a él. La CONFIEP ha suscrito un convenio de colaboración con las compañías asociadas a la Alianza para Obras por Impuestos (Aloxi) para identificar proyectos de inversión sujetos a esta modalidad y promoverlos entre las empresas. ¡Vale la pena!

Columna de opinión publicada en Diario Gestión 13.10.2023.

Fecha: 13 octubre 2023

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