Sin seguridad no hay inversión

Todos venimos siendo testigos de que el Perú está enfrentando un crecimiento descontrolado de la inseguridad ciudadana y una proliferación de economías ilegales, que cada vez desplazan más a las economías formales. Esta realidad se ve reflejada en cifras, de acuerdo con una encuesta de Ipsos, el 57% considera que el crimen y la violencia es la mayor preocupación de nuestro país, a tal punto que el 76% se siente inseguro de salir a la calle.

Estos problemas afectan directamente al bienestar de todos nosotros y especialmente a las micro y pequeñas empresas, que vienen siendo víctimas de extorsiones, que siembran el miedo y el caos. Se estima que las pérdidas económicas anuales por este delito son más de S/6,000 millones, equivalente al 0.7% del PBI. Y si consideramos el costo total de la inseguridad ciudadana, este es de 3.09% del PBI, más de S/31,500 millones al año. Las empresas se ven obligadas a destinar mayores recursos en materia de seguridad, con un alto costo de oportunidad en inversiones más productivas que les permitan ganar competitividad.

Por otro lado, las industrias ilegales vienen ganando terreno en la economía y en la política del país ante la inacción de las autoridades. Hoy, las economías ilegales son bastante sofisticadas, teniendo amplio conocimiento de las cadenas de valor de sus negocios y sabiendo operar en el extranjero. En el sector minero hubo un cambio en la demanda internacional de oro, impulsado por la pandemia y los países árabes, que impulsó el incremento del precio, y a su vez atrajo a más personas a la actividad ilegal y la exportación de este mineral. Hoy el 44% del oro que se exporta en Perú es ilegal; además, el 44% del oro ilegal de Sudamérica proviene de nuestro país. La minería ilegal o informal está presente en 21 regiones y 25 millones de hectáreas y mientras las industrias ilícitas van ganando espacio, los ingresos para el Estado se reducen. Se podría generar por producción de oro US$ 4,800 millones, que actualmente se realiza de manera ilegal. Dichos recursos se podrían utilizar para el cierre de brechas. Solo la minería ilegal genera un costo (directo e indirecto) para el Estado de más de US$6,000 millones, equivalente al 2.5% del PBI. Además, en las economías ilegales no existe la protección laboral, ni los beneficios laborales, los trabajadores laboran en condiciones precarias. Incluso, el 50% de los peruanos considera que la influencia de las economías ilegales en la política es alta.

Debemos entender que sin seguridad no hay crecimiento económico ni empleo de calidad, por ello representantes del sector empleador y el representante de los trabajadores participamos en un panel con motivo del CADE, para continuar dimensionando las consecuencias de no atender el problema, que nos afecta a todos y reforzando las propuestas que, conjuntamente, le presentamos al Ejecutivo y Congreso de la República.

Hay que tener una decisión firme y destinar fondos en los temas de inteligencia. Por ejemplo, se creó el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), que no dispone de recursos ni tecnología. Desde el sector privado hemos apoyado a este grupo especial, pero aún es necesario que desde el Ministerio del Interior (Mininter) se le dote de equipamiento y recursos. Así también, se debe continuar implementando centros de flagrancia, que permiten administrar justicia en corto tiempo, ahorrándole al Estado ingentes sumas de dinero y descongestionaría el sistema judicial, además de ser un ejemplo de coordinación entre diversas instituciones públicas.

Respecto a infraestructura, las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público Privadas pueden contribuir a la implementación de centros de flagrancia, comisarías, incluso penales. En esa misma línea, se debe potenciar las unidades ejecutoras del Mininter. Se debe también avanzar en la adopción de tecnología, como el uso de cámaras para reconocimiento facial y la interoperabilidad de las diversas bases de datos que se posee en el Reniec, la PNP, el Minjus, entre otros.

En materia de recurso humano, se puede destinar un porcentaje de la capacidad de las Fuerzas Armadas al patrullaje en zonas críticas de manera preventiva. Por otro lado, se necesita implementar indicadores de seguimiento que permitan medir lo que se está avanzando en materia de lucha contra la inseguridad, y así calibrar la política pública y asignar eficientemente el presupuesto público.

Por último, en materia de financiamiento de partidos políticos, se tiene que abrir la posibilidad de que el sector privado los pueda financiar de forma transparente y bancarizada. Las empresas tienen un tope bastante bajo para poder financiar partidos políticos, lo que lleva a que malos candidatos busquen dinero en otras fuentes, y donde hay más intereses y recursos es en la minería ilegal.

Y junto con la seguridad de la ciudadanía y el combate a las economías ilegales, es fundamental tener presente el concepto de seguridad jurídica. Atrayendo más inversión, podremos impulsar nuestros sectores productivos y avanzar en la formalización de la economía. Sin embargo, para atraer inversión es indispensable contar con una institucionalidad sólida, normas transparentes, respeto por los contratos y predictibilidad en la administración de justicia. En otras palabras, sin seguridad jurídica no hay inversión y sin inversión no hay impulso a nuestros sectores productivos, ni un adecuado tránsito a la formalidad. La seguridad jurídica es un elemento clave para generar prosperidad y bienestar en el largo plazo.