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Quizás como nunca antes hemos sido testigos de las dificultades para procesar las necesidades de la ciudadanía y transformarlas en reformas que miren el largo plazo. Por el contrario, vemos con más frecuencia soluciones simplistas y cortoplacistas a problemas cada vez más complejos, que no sopesan sus efectos colaterales o de largo plazo, o incluso involuciones que buscan en el pasado respuestas a los desafíos del futuro. En contextos como este es cuando más imperativo es el compromiso de la empresa con su propia evolución, así como su activación en el foro del debate público. Desde el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico asumimos este reto para promover el debate en torno a desafíos comunes a los cuatro países de la Alianza.

En el ámbito internacional, necesitamos modernizar las instituciones multilaterales así como fortalecer y profundizar los tratados y plataformas que propendan al libre flujo de personas, de bienes y servicios y de inversiones como la AP y el CPTTP. Debemos también impulsar la adopción de procesos de revisión (“screening”) transparentes, ágiles y con criterios pre-establecidos para aprobar inversión extranjera alineada con el interés general de los países y que mejoren la competitividad y productividad de nuestras economías. Sólo así lograremos contrarrestar las crecientes voces que plantean restarse del proceso de integración al mundo.

En cuanto a la institucionalidad democrática de cada país, cuya legitimidad y fortaleza son condiciones habilitantes para que la empresa siga siendo un agente de transformación social, debemos modernizar nuestros marcos institucionales para que incorporen más espacios de participación, altos estándares de transparencia y de integridad, y para que reconecten la técnica con la política. Con la defensa y el respeto de los marcos Constitucionales e institucionales, nuestros países saldrán al frente de los parlamentarismo de facto o presidencialismos autoritarios y populistas en los que prevalecen las voces de quienes más gritan.

En relación a las brechas sociales que sufren los más vulnerables, requerimos implementar políticas públicas que aseguren un umbral mínimo de dignidad en el acceso a bienes públicos como educación, salud y pensiones, y al mismo tiempo impulsen una recuperación económica resiliente y sustentable, que sea la base de una agenda de inclusión y formalización laboral, para desplazar a aquellos sectores que abusan de la confianza ciudadana ofreciendo sólo asistencialismo estatal o el uso de los ahorros de las personas reservados para las pensiones futuras.

Finalmente, en cuando a la empresa privada, queremos participar en ecosistemas colaborativos junto con emprendedores e instituciones de la sociedad civil para enfrentar desafíos transversales como son la empleabilidad de jóvenes, la innovación para migrar a una economía circular o el desarrollo y formalización de PYMES. Sólo así podremos desplazar a quienes proponen restringir su espacio de acción y ampliar el del estado empresario, en vez de abocarse a transformarlo en un estado moderno regulador y promotor, al servicio de los ciudadanos.

En la VII cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico nos proponemos poner en el debate público estos desafíos, algunas propuestas para enfrentarlos y mostrar el compromiso empresarial con su propia evolución, así como con su activación en el foro de lo público para que las empresas sean el espacio donde el ser humano se desarrolla y encuentra su valor en la producción de bienes y servicios que logren una vida digna y más feliz para todos.

  • María Isabel León, Presidente Capítulo Perú
  • Valentín Diaz Morodo, Presidente Capítulo Méjico
  • Carlos Ignacio Gallego, Presidente Capítulo Colombia
  • Bernardo Larraín, Presidente Capítulo Chile

Consejo Empresarial Alianza del Pacífico

Fecha: 11 diciembre 2020

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