Por: María Isabel León, Presidenta de la CONFIEP.

El 26 de enero, una Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, presidida por Carmen Omonte, aprobó el proyecto de ley de reforma del sistema de pensiones que plantea la creación de  una nueva entidad estatal, que integraría en simultaneo al sistema público, a los programas “Pensión 65” y “Contigo” y al sistema de pensiones privado, y en la que todos los trabajadores, deberían destinar una porción de sus aportes a un “Fondo común” de Riesgo compartido, una suerte de subsidio cruzado que sería administrado por el Estado, y desde donde se pretendería asegurar una pensión mínima, segura e igualitaria para todos; mientras que el resto de aportes, que sería concentrado en cuentas individuales, incrementaría las pensiones de cada aportante, es decir, sería un suerte de “capa extra” sobre la base mínima que se determinaría pagar desde el Estado.

¿Cuál sería el mecanismo de financiamiento propuesto? Pues el aporte no solo del trabajador, para el que se sugiere hasta 13%, sino también del Estado (nadie ha señalado ningún impacto en la caja fiscal) y del empleador que, bajo esta iluminada propuesta, debería aportar por si nadie lo ha notado aún, hasta un 5% del salario de sus trabajadores cada mes.

El  Congreso, de acuerdo a la Constitución, no tiene iniciativa de gasto, con lo cual, la primera interrogante es quién, cómo y de donde se financiará este nuevo “ente” burocrático que deberá estar, además, dotado de una estructura orgánica que va desde una alta Dirección, Directorio, Presidente, Secretaría, y un largo etcétera de trabajadores de planilla pública, que algún bolsillo deberá cubrir. ¿Alguien ha hecho los cálculos de este alto impacto ya?

Tenemos que hablarle claro a los peruanos.  Se ha señalado que el sistema es voluntario (no lo es), que no será operado por el Estado (viola el artículo 11 de la Constitución que garantiza libre acceso a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, todas las cuales desaparecerán para tener una sola: Estatal),  que los gestores de inversión de los fondos serán solo privados (¡no es verdad!). Lo cierto es, como lo ha señalado la Asociación de AFP’s, que el fondo de riesgo compartido será percibido como un impuesto más, tanto para los aportantes, es decir los trabajadores, como para los empleadores formales.  ¿Y si, por transparencia mejor les preguntamos a los pensionistas cuál es su opinión? Emulando a Heinz Zchokke, es infinitamente mas bello dejarse engañar diez veces que perder una vez la fe en la humanidad.

 

Columna de opinión publicada en Diario Correo  31.01.2021

Fecha: 31 enero 2021

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