Por: Luis Lescano, experto en Derecho Educativo y Gerente General de FIPES.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen el compromiso de vincularse con su entorno laboral y productivo para facilitar la empleabilidad de sus egresados. Las actividades, conocimientos, innovaciones y especial dinámica que se generan al interior de ellas no pueden agotarse al interior de sus claustros. Sus efectos y bondades deben compartirse con su entorno social, ecológico y económico, que es a donde deben dirigirse para el desarrollo de nuestras sociedades.

En ese sentido, las IES, los gobiernos locales y nacionales, las asociaciones civiles ambientales y de derechos humanos y el sector productivo y empresarial son actores que necesitan interactuar permanentemente para alcanzar la mejora educativa y la empleabilidad.

Bajo esa mirada, el rol que les corresponde asumir a las IES resulta estratégico y fundamental para potenciar el desarrollo sostenible y el ejercicio de ese rol se requiere que el Estado  impulse la construcción de marcos regulatorios que permitan la articulación entre las IES y los diferentes actores sociales y productivos de nuestro país. Estos, deben estar sostenidos por políticas de calidad educativa en las que se establezcan lineamientos y acciones estratégicas encaminadas a abrir espacios de diálogo y consenso entre las IES, el Estado, el sector productivo y la sociedad civil, para mejorar sustancialmente la formación de capital humano calificado que posibilite el aumento de la competitividad y la productividad del Perú.

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Para las IES es particularmente relevante trabajar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El ODS 4, que busca “Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos” está directamente dirigido a la calidad educativa que deben cumplir las instituciones de todos los niveles. En este aspecto, frecuentemente se cuestiona que a pesar de que Latinoamérica ha tenido un crecimiento acelerado en tasas de matrícula estudiantil, éstas no han estado acompañadas por una educación de calidad. Por tanto, corresponde a las IES cumplir sus procesos de acreditación de calidad educativa a través de agencias nacionales o extranjeras para que eleven sus estándares y condiciones en infraestructura, gestión, régimen académico y otros aspectos importantes para asegurar la calidad educativa. Por esa razón, será muy útil propiciar el alineamiento de los marcos legales de nuestros países para contar con sistemas de acreditación similares que contengan, por ejemplo, una lista de agencias acreditadoras internacionales aceptadas por todos los Estados, que garantice estándares de calidad uniformes.

Promover una educación inclusiva significa posibilitar que las personas con escasos recursos y con problemas de discapacidad puedan acceder a los servicios educativos y para ello, necesitamos mostrar apertura a la aplicación de las nuevas tecnologías educativas que se vienen desarrollando exitosamente en los países más avanzados. En Brasil, por ejemplo, el número de estudiantes que se encuentran en etapa de  educación superior y que utiliza educación virtual o a distancia, supera los 2 millones de personas, es decir, mayor al número del total de estudiantes que tiene el Perú cursando estudios en IES  (Dos millones con 11,000 estudiantes distribuidos así : 508,000 estudiantes de es no universitaria – según Minedu – y un millón 503,000 de estudiantes es universitaria – según Sunedu).  El establecimiento de legislaciones que contengan parámetros comunes para la aplicación de la educación a distancia vinculada con el sector productivo favorecerá una educación inclusiva.

El ODS 8 dirigido a “Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos”, constituye un escenario en el que  las IES deben interactuar activamente con las autoridades de las Secretarías o Ministerios de Trabajo para empatar el contenido de los estudios con las necesidades del mercado laboral. Es importante que la enseñanza conecte con nuestro entorno laboral y permita que contemos con personas preparadas en competencias que le faciliten la entrada al mundo del trabajo.

Solución a las necesidades del sector productivo

Según información proporcionada por el Ministerio de Trabajo del Perú el número de jóvenes entre 15 y 29 años, que no estudia ni trabaja, asciende a 1.5 millones, cifra que se mantiene constante desde hace 10 años (2007 al 2017). En el año 2017, casi 4.5 millones de jóvenes estaban insertados en el mercado laboral con cerca de 426,000 desempleados. Esta misma información destaca la existencia de una inadecuada ocupación de los jóvenes: 6 de cada 10 con educación superior laboran en ocupaciones para la que no estudiaron.

Esta preocupante situación de no pertinencia entre el contenido curricular de las instituciones de educación y aquellos que el sector productivo requiere, merece un riguroso análisis y acciones inmediatas para corregir la distorsión. La labor es transversal. Por un lado, la permanente y oportuna actualización de la currícula acorde con las demandas laborales, lo que sólo será posible con marcos regulatorios desburocratizados que faciliten los procesos de renovación curricular con la participación de empresarios para que ayuden a diseñar los contenidos de las asignaturas ajustados a las necesidades del sector productivo.

Rescato la idea que las IES tienen un papel estratégico para: a) formar talento humano competente y adecuado a nuestro mercado laboral, b) coordinar con el sector empresarial y productivo la correcta implementación de escenarios propicios para que nuestros jóvenes puedan realizar sus prácticas y, sobre todo para c) que los saberes y conocimiento que se les brindará en las aulas, estén perfectamente alineados con la demanda laboral y los requerimientos de los sectores productivos del país.

Los beneficios que la educación superior trae en el ámbito económico y social son múltiples y se expresan en mejor calidad de vida de los ciudadanos, mejores condiciones de salud, mayores ingresos tributarios, más alta productividad, mejor fuerza laboral, mejores salarios, menores tasas de delincuencia, entre otros, lo que nos obliga a uniformizar y perfeccionar el marco regulatorio aplicable a nuestras universidades, escuelas e institutos, orientándolo al aseguramiento de la calidad educativa.

 

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Fecha: 04 febrero 2019

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