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Por: María Isabel León, Presidenta de la CONFIEP.

En el Perú, la presunción de inocencia parece ser uno de esos derechos poco atractivos que han pasado a formar parte de las filas de la conveniencia selectiva de quien los utiliza.

Una nueva ola de tinte global, pareciera empeñarse, afanosamente, en acostumbrarnos a sancionar, juzgar y condenar a las personas, sin que se garantice el legítimo derecho a la defensa y peor aún, sin pruebas objetivas y concretas de tal culpabilidad. Es un tema sensible y merece una profunda reflexión, si queremos llegar al bicentenario como una sociedad justa que respete los derechos humanos de todos, sin distinción.

Ejemplo de ello, es lo que viene ocurriendo tras las lamentables muertes de dos jóvenes ocurridas en las pasadas jornadas de protesta, cuya culpabilidad fue atribuida de manera inequívoca por algunos sectores a la Policía Nacional, sin que se haya logrado aún una investigación objetiva e imparcial que nos permita conocer lo que pasó en realidad.

Curiosamente, y gracias a este señalamiento mediático, los policías de nuestro país dejaron de ser los héroes de la lucha contra el Covid-19, por su enorme sacrificio y entrega durante la larga cuarentena que vivimos, y pasaron a ser denominados “asesinos”. ¿Podemos seguir creando una sociedad que señale acusadoramente y condene a otros peruanos, sin esperar las investigaciones correspondientes y la determinación individualizada de sus responsabilidades?

Con igual premura, la ONG Coordinadora de DDHH, denunció la desaparición de 65 personas que estaban “inubicables” después de las manifestaciones e incluso, un congresista llegó a decir, con esta misma información, que había familias incompletas en el país.

Lo cierto es que la propia Defensoría del Pueblo aclaró que existen indicios razonables de que se trataban de falsas denuncias de desaparición. Pero el daño a la reputación de toda la PNP ya estaba viralizado.

Es fundamental, exigir una pronta y rápida investigación que determine las reales circunstancias y causas de la muerte de estos jóvenes peruanos que dejan ciertamente familias incompletas, pero también es fundamental no involucrar en esta tarea a toda la familia policial peruana, pues ellos cumplen cabalmente su noble labor de enarbolar las banderas de lucha contra la criminalidad y el delito, y proteger el orden público y la seguridad ciudadana.

Es momento de hacer mejor las cosas y mirar el bicentenario como la gran oportunidad para tener una sociedad justa, donde se respeten las diferencias y los derechos humanos, sin enfoque selectivo de conveniencia individual.

 

Columna de opinión publicada en Diario Correo 22.11.2020

Fecha: 22 noviembre 2020

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