Entrevista al Presidente de la CONFIEP, Oscar Caipo, publicada en la web del diario El Comercio [elcomercio.pe]

Recibió en marzo pasado el encargo de presidir la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el gremio que agrupa a otros 22 gremios empresariales, y se ha esforzado, a su estilo, por mantener la neutralidad durante la polarización electoral y durante los más de 100 días de Pedro Castillo. Se inhibe de expresar simpatías o antipatías, pero alza la voz para reclamar al gobierno estabilidad y prioridades marcadas, y cree que no es oportuna la reforma tributaria planteada por Pedro Francke. La alza aún más tras el anuncio de la ministra Mirtha Vásquez sobre el cierre de 4 operaciones mineras.

 –Tras cien días y pico del gobierno de Pedro Castillo, ¿están en plan de confirmar temores o de atenuarlos?

No sabemos aún. Han sido 100 días muy erráticos, con falta de claridad, con idas y venidas y mensajes que no traen la confianza que necesitamos. Hemos dado el beneficio de la duda, porque las inversiones están listas, pero necesitan de esa estabilidad y confianza para que se puedan concretar.

 –¿Están prorrogando el beneficio de la duda?

Tenemos la esperanza. El país está atravesando un momento muy difícil, la gente necesita empleo y necesitamos reactivar la economía. Lo nuestro es estar preocupados por el país y las personas; entonces, necesitamos convencer al gobierno para que tenga las prioridades correctas.

–Comparando sus palabras con las que se usaban hace más de 100 días, ahora se oye más que el gobierno es errático, que hay incertidumbre. ¿El problema está más en la falta de predictibilidad que en la etiqueta de izquierda del gobierno?

Es una preocupación desde la campaña, de todas las cosas que se dijeron y se hicieron allí. Ahora el presidente se ha desmarcado de Perú Libre, pero sigue siendo un gobierno de coalición de izquierda. Vemos dos problemas principales: los mensajes erráticos con falta de coherencia y los nombramientos de personas sin experiencia o cuestionadas. Escuchamos al presidente decir que se requiere una lucha frontal contra la corrupción y todavía mantiene personas cuestionadas en puestos de confianza.

 –Más que la doctrina de izquierda, ¿les preocupa la falta de idoneidad de los funcionarios?

Bueno, el resultado de las elecciones, ya se dio, lo aceptamos, sabemos que es un gobierno de izquierda. Pero hay personas de izquierda que tienen capacidad, lo han demostrado en gobiernos anteriores y vemos gobiernos de izquierda en otros países trabajando con el sector privado y con las prioridades claras. Obviamente, los énfasis en ciertos temas y programas pueden variar, pero estando el país en la situación en la que está, el gobierno tiene que darse cuenta de eso y no priorizar en su agenda la asamblea constituyente, sin escuchar la voz de la gente que dice de varias formas que la prioridad no es esa sino crear empleo y reactivar la economía.

–¿En la campaña se reunieron con Pedro Castillo y Pedro Francke?

No tuvimos ninguna reunión. Las reuniones fueron previas a que se confirme el resultado electoral y asuma [el mando].

–En esa especie de ‘tercera vuelta’ en que se alegó que hubo fraude hubo mucha presión a los empresarios para apoyar a la otra candidata. ¿Hubo un aprendizaje de lo contraproducente que podía resultar eso para la candidata y para el propio gremio?

El aprendizaje fue previo. Fuimos absolutamente neutrales en todo el proceso electoral, puede revisarlo. Yo asumí este encargo el 10 de marzo, un mes antes de la primera vuelta, dimos pocas entrevistas.

–¿No financiaron paneles?

No financiamos nada, no nos pronunciamos. Eso fue en algún caso hasta cuestionado. Y lo que hicimos en la primera vuelta fue ratificado en la segunda con mayor razón, entendiendo que había un candidato de tendencias distintas y cualquier cosa que dijéramos se entendería como un apoyo. Lo hicimos por principio, tomamos esa decisión antes de saber quiénes iban a ser los candidatos.

–La congresista Patricia Chirinos ha presentado una moción de vacancia presidencial. ¿Le parece oportuna, legítima?

Esto también es un comportamiento errático, pues la presidenta del Congreso ya había indicado previamente que este tema no estaba en agenda. Comprendemos el rol fiscalizador que tiene el Congreso y debe continuar demandando cambios en beneficio de la población. Desde Confiep, nuestro rol no es apoyar ni a la oposición ni al partido de gobierno, pero sí es nuestro interés que haya gobernabilidad y estabilidad, algo que no se ha podido lograr en estos primeros 120 días de gobierno. Todos queremos que el gobierno establezca una ruta de trabajo sólida, que genere confianza.

–Han oído varias veces a Pedro Francke, ¿qué le reclamarían?

Siendo un gobierno de izquierda, y ante los dos gabinetes que hemos tenido, no hay duda de que el ministro Francke es uno de los que traen más tranquilidad. No solo a los empresarios, grandes y pequeños. Por ejemplo, sabemos que fue uno de los que impulsó la ratificación de Julio Velarde cuando no había consenso, cuando estaba el señor Guido Bellido y la resolución estaba por ahí traspapelada. Lo que podríamos reclamarle al señor Francke es un poco más de realismo y humildad, respecto al momento. Está leyendo cifras de un rebote económico luego de una caída estrepitosa a raíz de la pandemia. Si bien tenemos esa resiliencia y esa capacidad de rebote tan rápido, eso tiene que ver con la informalidad, con la minería. Debería tener un poco más de realismo para ver por debajo de ese rebote cuáles son los problemas que subyacen en sectores que no se han recuperado y en el empleo que no se ha recuperado.

–Cuando Francke dice que la reforma tributaria que plantea va a disminuir drásticamente la evasión y elusión que según él llega al 50% del total de lo que se podría recaudar, ¿es realista?

La intención es positiva, de querer recaudar más para poder destinarlo a las prioridades sociales. El problema está en sustentar esto con falta de certidumbre y de confianza. Encima de esto, se plantea una reforma tributaria cuando los actores todavía no hemos recibido señales claras. En segundo lugar, hablar de presión tributaria baja cuando tenemos 78% de informalidad, 5 o 6 puntos más que en el 2019, y con pocas empresas que contribuyen con el pago de los impuestos; eso genera una reacción. Luego, no puede pensar de que solo va a estar afectando a los que más tienen, a los ricos; sin darse cuenta que la economía está muy entrelazada. Está bien decir que va a mejorar el régimen de las Pymes pero nosotros tenemos un gremio de Pymes y les hemos preguntado si les han consultado si ese modelo atiende verdaderamente sus necesidades, y no ha habido una conversación.

–O sea, ¿no ha habido diálogo con los gremios respectivos? ¿Ese gremio lo preside Ana María Choquehuanca?

Así es. Si queremos tener un diálogo con información objetiva, es negarse a ver cuánta gente va a impactarse. Por ejemplo, decir que los alquileres solo van a afectar a los que más renta generen, sin darse cuenta quiénes alquilan. Decir que estas medidas solo van a afectar a los ricos, creo que tiene algo de carga ideológica. En los mensajes hay una falta de reconocimiento, en este momento crítico, de cómo están los ingresos:14% en promedio más bajos que en el 2019.

–Para que quede claro: ¿están de acuerdo en que los ricos pueden pagar más y aplicárseles medidas con cierta progresividad, pero no creen que estas medidas solo afecten a los más ricos?

Sí y quizá no me exprese bien, pero creemos que no es el momento, sobre todo teniendo en cuenta estos niveles de informalidad tan altos. A medida que subamos los impuestos para el 22% de trabajadores formales, lo único que hacemos es crear barreras para la formalización. Lo que tenemos que hacer, sin duda, es combatir la evasión y elusión y lo que necesitamos es generar soluciones creativas que permitan transitar hacia la formalidad. No es un tema solo de ampliar la base tributaria, tenemos 13 millones de trabajadores que no tienen protección social. La pandemia nos ha enseñado lo duro que puede ser tener gente fuera del sistema, que tiene que buscarse el día a día sin reglas, desprotegida, sin CTS, sin nada, solo con acceso al SIS.

–¿Le pedirán a Francke y a la ministra Mirtha Vásquez un espacio para conversar esas soluciones creativas?

Sin duda, lo estamos haciendo. Se ha generado un espacio de diálogo. La ministra Betssy Chávez convocó a una reunión del Consejo Nacional de Trabajo, el día sábado anterior y ha sido muy interesante ver a la ministra que hizo una mención sobre la informalidad, pero sobre todo a las 4 centrales sindicales y a los gremios de empresarios, hablar de esos 13 millones.

–O sea, ¿en los actores sí hay realismo pero falta en el Estado?

Así es, el problema se está reconociendo, ahora tenemos que ver políticas públicas. Por ahora, estamos levantando la voz y diciendo, ‘ojo, esta política tiene muy buena intención pero tiene un impacto que puede ser grave’. Veamos otros países donde se haya transitado de la informalidad a la formalidad, el FMI y la OIT pueden ayudar y lo están haciendo.

–Otro énfasis del gobierno está en la aplicación de impuestos progresivos a la minería en función de ingresos extraordinarios.

El problema es que el sector minero ya el año pasado ha pagado 47% de sus utilidades operativas en impuestos y otras contribuciones, incluyendo un sistema progresivo que se definió al inicio del gobierno de Humala. Este año se estima que va a ser 50%. Ya hay un sistema. Decir que cuando hay precios más altos solo ganan las mineras o se llevan el 70% no es cierto. Es la realidad versus promesas electorales y mensajes que han ido calando en la población y generan expectativas erradas. El peligro es que si ya tenemos un sector que paga 50%, pierda competitividad. Seríamos el país que tendría el régimen y la carga tributaria más alta en el mundo de los grandes jugadores mineros.

–El otro caso está ya no en la ‘nacionalización’ sino en la masificación del gas. Para que sea posible se requiere una serie de inversiones, ¿qué piensa al respecto?

Fue uno de los eventos que más ruido y desconfianza creó. Nuevamente, promesas electorales. Es posiblemente, el proyecto que más ha contribuido en los últimos 20 años a la economía del país. S/. 40 mil millones entre impuestos y regalías, entre toda la cadena del consorcio de Camisea. Luego de todo el ruido que generó el tweet del Sr. Bellido, lo que se hizo en el viaje a EE.UU., se borró. Nuevamente, tenemos una expectativa. En el último estudio de Ipsos, un 30% critica al gobierno por hablar de la nacionalización de Camisea y un 30% está de acuerdo sin saber de qué se trata. Es una responsabilidad de este gobierno y de los anteriores no tomar la decisión de qué hacer para masificar ese gas.

–¿A eso reduce el tema, a invertir en las condiciones para que al menos en las ciudades más grandes se masifique el uso del gas en hogares e industrias?

¿Y los empresarios cómo se van a oponer? Hay demanda garantizada para los próximos 30 años.

–Usted preside el grupo Empresarios por la Integridad y trabaja en la consultora KPMG. La corrupción ha sido fundamental para explicar los reveses del país. ¿Qué más hay que hacer? Ya no vale decir ‘yo no sabía que Odebrecht era corrupto, no sabía porque había tantas adendas y arbitrajes’.

Primero, tenemos que ser conscientes de que la corrupción es posiblemente el principal problema que tiene el país, posiblemente la primera razón por la que el crecimiento económico de los últimos 30 años no se ha podido traducir en mejoras para la población, en más conectividad, etc.

–¿La corrupción es mayor problema que la ineficiencia?

Sin duda, porque ese dinero se pierde. Van de la mano. Como país tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos: no hemos tomado las mejores decisiones que implican priorizar las necesidades de la gente. Si nosotros tenemos proyectos multimillonarios, como el gaseoducto de $7 mil millones cuando el monto original era $1, 200 millones, o hacer una interoceánica con Brasil que fue parte del modelo exportador que llevó la corrupción a niveles que no pudimos imaginar, o una refinería que ya va por $6 mil millones; todo ese dinero debió dirigirse a las necesidades. Ahí la responsabilidad es de políticos, que incluye a presidentes, y de empresarios corruptos que deben ser sancionados.

–Existe la percepción histórica de que la justicia presionada por la opinión pública se ha cebado más en los políticos; en los corruptos públicos, que en los corruptores privados.

Es un proceso. Sobre eso, no podemos cambiar la velocidad, pero hay empresarios investigados e involucrados. Necesitamos comenzar a ver que las cosas avancen y haya condenas efectivas. Ahora, no tenemos que esperar que la justicia llegue si es que tenemos indicios claros de que hay corrupción. Venga de donde venga. Si vemos la corrupción en nuestras empresas, hay que aplicar los códigos.

–¿Puede contar algún caso de sanción del grupo de Empresarios por la Integridad que preside?

Estamos recomendando un mecanismo, que las empresas se certifiquen de tal manera que puedan prevenir actos de corrupción y mostrar hacia fuera que son empresas íntegras. Tenemos una iniciativa con USAID. Nos involucramos también con la secretaría de integridad pública, porque si el estado no se mueve, esto no funciona, y empiezan las excusas de que necesito avanzar. La lucha contra la corrupción empieza nombrando personas idóneas, y el presidente tiene la responsabilidad de marcar la diferencia, de saber si es un gobierno más corrupto o va a luchar contra la corrupción. Recordemos a Vizcarra, era el paladín de la lucha contra la corrupción y resultó que era un corrupto más.

–Hay que detectar los megaproyectos que pueden ser fuente de corrupción.

Ahora estamos hablando de prioridades urgentes de reactivar la economía. No hemos visto ningún proyecto, plan, que llame la atención; más bien, estamos reclamando que se recupere el plan nacional de infraestructura.

–¿Se refiere al que dejó Vizcarra con 52 proyectos y Sagasti dijo que priorizaría dos o tres?

Eso es una prioridad y dejar trabajar a la minería trabajar. Tenemos una cartera de proyectos de unos $60 mil millones, un monto similar a lo que se invirtió en los últimos 10 años. Necesitamos que la agro exportación avance; hay proyectos de irrigación truncos.

–Ahora, dejar que la minería avance implica que el estado esté muy atento previniendo conflictos.

A lo que nos referimos es a tener un enfoque preventivo para una minería responsable. Eso no debe estar en duda. Necesitamos minimizar el riesgo de estos conflictos sociales cuando el país tiene que salir adelante. Por ejemplo, se nombró en la PCM a una persona cuestionada. Cuando ha entrado la ministra Vásquez esa persona ya no está [se refiere al viceministerio de Gobernanza, ahora interinamente a cargo de Luis González Norris].

–La izquierda suele hablar de reformas, ¿cuál podría o debiera priorizar este gobierno? Por ejemplo, reformar al Indecopi, para que mejore la competencia.

Creo que sí, al Indecopi hay que darle una cierta independencia y hay que asegurarse de que tenga personas con las calificaciones y experiencia necesarias, y evitando conflictos de intereses. Para mí, hay un tema, posiblemente en la lista de los 3 principales problemas, junto a corrupción e informalidad: la descentralización. El proceso no ha funcionado bien, tenemos malos ejemplos, las empresas han contribuido con regalías que han llegado a las regiones pero no se ejecutan de manera eficiente.

–Es una larga discusión. ¿O se dan pasos hacia atrás quitando a los gobiernos regionales algunas competencias o se crean condiciones para asistir técnicamente a las regiones?

No podemos retroceder, debemos mejorar las cosas. Debemos tener mejor control, posiblemente definir algunos parámetros que permitan que una buena parte vaya a inversión pública que es la que genera bienestar y no solo a gasto corriente. Te doy una cifra: el 2019, pre pandemia, el PBI creció 41%, el presupuesto 39%, casi acompañándolo. Sin embargo, el gasto corriente creció 60% mientras la inversión pública solo 6% y no se puede ejecutar completamente. La contraloría tiene a 22 de las 25 regiones con investigaciones y presunción grave. Tenemos que tener la capacidad, sin apasionamiento, sin carga ideológica, de ver los problemas, no con promesas irresponsables hacerle creer a la gente que la solución está en una asamblea constituyente que puede tardar 3 años en ver la realidad cuando la gente necesita empleo y servicios públicos.

–Si se disminuye el ruido y se asienta la premier Vásquez, ¿se ampliará el espacio de diálogo con la Confiep?

Sin duda. Hemos tendido todos los puentes. Nos estamos reuniendo con algunos ministros y ministras.

–¿Conoce al nuevo ministro de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino?

Ha trabajado en el Grupo Romero. No lo conozco. Entiendo que ha sido auditor interno de empresas en el Grupo Romero y también ha tenido experiencia previa en el sector público. Es muy difícil trabajar con un poder ejecutivo que cambia de ministros cada 10 días. El ministro Francke y la premier deben ser conscientes de que si se generan dudas respecto a dar las facultades en materia de reforma tributaria y otras; tiene que ver no solamente con las intenciones y el contenido, sino con saber a quién se le está dando facultades por 120 días. ¿Qué garantía tenemos de que el gobierno no siga haciendo cambios?

–Entonces, ¿le parece razonable que el Congreso no otorgue facultades y más bien atienda rápidamente las iniciativas legislativas del Ejecutivo?

Es que el Gobierno se la pone muy difícil al Congreso y no sabemos si las van a otorgar o no y si se las otorgan, si van a ser super acotadas.

–¿Recojo su expresión, ¿y se la pone difícil a los empresarios?

Se la está poniendo difícil a los empresarios y se la está poniendo muy difícil a la gente. Cuando hablamos de empresarios, el 99% son pequeños. Somos un país de empresarios, y se la pone muy difícil a los trabajadores informales y a las personas que quieren empleo. El gobierno no se ha dado cuenta y el ministro está mirando el PBI y tendría que ser más humilde y reconocer que esto es un rebote y no el resultado de ninguna política pública. El resultado de lo que están haciendo lo veremos recién el próximo año y las perspectivas de que se reactive la inversión son muy bajas. 0% según el BCR.

–¿Qué reclamos, qué gritos de sus sectores más golpeados pondría en la mesa de diálogo con el gobierno?

Número uno, la métrica o indicador de avance debiera ser la generación de empleo formal. Veríamos cómo millones de personas pueden empezar a beneficiarse. Para comenzar, tenemos que recuperar el sector turismo, que va muy relacionado a los restaurantes; y tiene un impacto adicional con el empleo juvenil que al verse impactado ha dejado de estudiar. Hay que poner un gran foco para ayudar a las Pymes con programas de compras que realmente funcionen, que puedan ver los beneficios de la formalidad.

–Todo eso que menciona, ya tiene programas, ¿no se ejecutan bien?

Hay que ejecutarlos. Pero tenemos un ejecutivo que ya va con dos gabinetes, que hemos sentido el riesgo de que la premier no pueda continuar, que el gobierno está más enfocado en apagar los incendios que él mismo crea, en lugar de enfocar el equipo con gente idónea, con meritocracia. Dos ejemples donde nos va bien: en vacunación, el ministro [Hernando] Cevallos, con responsabilidad, mantuvo a los viceministros. En el Mincetur, por el lado de las exportaciones, no tanto por el turismo. El ministro [Roberto] Sánchez mantuvo al equipo de exportaciones que ha permitido ver que tenemos un vecindario más grande que Bolivia, que tiene un Índice de Desarrollo Humano (IDH) debajo del peruano. El presidente Castillo debiera hablar más con el expresidente (José) Mujica que con Evo Morales, porque Uruguay, con gobiernos de izquierda, ha tenido un crecimiento muy importante y ha trabajado con los sectores privados. Hay que mirar a los ejemplos que nos pueden enseñar a avanzar y a sacar el país adelante.

Luego de esta entrevista, Mirtha Vásquez anunció que el gobierno cerraría cuatro operaciones mineras en Ayacucho, por razones ambientales. Pedimos a Caipo su posición al respecto y nos la envió por escrito.

Consideramos que los mensajes erráticos del gobierno continúan y solo generan inestabilidad. No es la primera vez que las garantías ofrecidas por el presidente Castillo a los inversionistas privados, como ocurrió en Cade horas antes, son seguidas por acciones de la PCM en sentido contrario. La primera ministra está pasando por encima del estado de derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley, asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado con el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Por otro lado, vuelve a justificar y legitimar a la violencia como medida de presión social en contra de las empresas. Hacemos un llamado a la primera ministra par que rectifique este acuerdo y reconsidere la posición ilegal adoptada.

 

Fuente: elcomercio.pe / Entrevista publicada el 21.11.2021

Fecha: 22 noviembre 2021

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