Cuando pase el temblor

Una vez más, la naturaleza nos toca la señal de alarma. Una vez más, todos corremos. Todos corremos a atender la emergencia. Nos angustia que los heridos estén atendidos, que los niños que perdieron sus escuelas sean reubicados rápidamente, que los que perdieron sus viviendas reciban carpas, que los que no tienen cómo cocinar, reciban algo, mientras tanto, para que puedan comer. Todos somos campeones para atender la emergencia. Además, la prensa está ahí, omnipresente y no vamos a perdernos la oportunidad de estar en la foto. Pero pasada la emergencia, la mayoría desaparece.

Existen varias tareas que debieran ser acometidas con la misma sensación de urgencia si realmente queremos construir un país resistente a los desastres. Lo primero, es que nuestra política social debería ser diseñada como contingente a los desastres. Esto significa que debe estar en condiciones de tener más recursos para atender a la población afectada en situaciones de desastre. La manera más costo-efectiva de hacer esto es diseñar una serie de seguros obligatorios que pueden dotar de recursos extras al Estado sin tener que inmovilizar innecesariamente recursos para estas tareas o sacrificar recursos que ya tenían un destino en el presupuesto público.

La Autoridad para la Reconstrucción es una institución que no se parece a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias – FEMA -la institución en EEUU dedicada al manejo de las emergencias-, cuya misión resalta lo que en realidad necesitamos como país. La misión de FEMA es liderar a la nación en la preparación, prevención, respuesta y recuperación frente a cualquier desastre. Nosotros le ponemos el énfasis a las dos últimas tareas, pero las dos primeras pierden importancia en la política pública.

Lo más urgente debería ser obviamente la capacidad de atención a la emergencia temporal (agua, comida, vivienda) de la población afectada. El gobierno ha contratado vía el Banco Mundial, un seguro para tener recursos (USD 200 millones) suficientes para esa primera respuesta. Pero, en cuanto a la recuperación deberíamos tener prioridades. No todos los activos son igualmente prioritarios. ¿Debo primero reponer un hospital, o una escuela pública? ¿Debo reponer carreteras de servicio público, o viviendas privadas? No tiene ningún sentido que sea el Estado con sus limitaciones presupuestales quien financie la reconstrucción de viviendas.

Es relativamente fácil establecer programas de aseguramiento de la infraestructura pública. Asegurar toda la infraestructura pública (colegios, establecimientos de salud, carreteras) costaría entre USD 100-200 millones al año. ¿Les parece mucho? El costo de lo dañado en el Niño Costero sumó 9 mil millones de dólares.

El Plan de Infraestructura que presentará en breve el gobierno debería tener como uno de sus principios el de construir infraestructura que esté debidamente asegurada, porque entendamos que cada hospital, escuela o carretera que construimos con los recursos públicos, es parte de nuestro patrimonio como nación, y hoy, ya no tenemos un Estado de ingresos bajos.

En cuanto a viviendas privadas, es imposible pedirle a la gente que las construyó, sin respetar los códigos de edificación obligatorios, que vaya a asegurarlas. Ni siquiera dándoles un subsidio lo podrían hacer. Entonces, hay que pensar al revés. Definamos cuál es la indemnización necesaria para que esas familias que pierdan su vivienda tengan capacidad de adquirir un módulo básico. Definamos cómo cofinanciarlo, qué nivel de subsidio se quiere dar, de qué manera hacemos más fácil el cobro para que todos los peruanos estemos debidamente protegidos financieramente ante una catástrofe.

Ojalá que esta vez, la preocupación de todos (gobierno y sector privado) vaya más allá de la atención de la emergencia. Hasta allí llegamos siempre, y eso NO BASTA