El derecho y la libertad

Alexis de Tocqueville decía siglos atrás: “Hay en el corazón humano un gusto depravado por la igualdad, que lleva a los débiles a querer rebajar a los fuertes a su nivel, y que conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre, a la desigualdad en la libertad “.

Ante las dificultades que estamos viviendo como país para lograr adquirir vacunas contra el COVID-19, vacunar en fecha cierta a toda la población peruana, y las dificultades que tendremos para lograr inmunizar a los trabajadores durante el primer semestre del año (con el consiguiente riesgo para su salud y efecto devastador sobre el empleo y la actividad productiva nacional), desde la CONFIEP y el sector privado, estamos seguros que podemos contribuir a acelerar el proceso de adquisición y aplicación de vacunas a nivel nacional y con ello contribuir al objetivo nacional de salvaguardar la salud de la población.

El esquema planteado, aplicaría en la vacunación gratuita a trabajadores, sus familias, además de una vacuna social que podría ser distribuida a proveedores o comunidades aledañas a las empresas, en coordinación estrecha con el gobierno. Este esfuerzo, no significa que las empresas podrían comprar individualmente la vacuna o comercializarla, sino que ello se haría a través de una operación corporativa privada, con el respaldo inicial del Estado peruano.

Así, resulta fundamental adelantarnos y construir equipos de trabajo encargados de la negociación, compra y trazabilidad de las vacunas, asumiendo que las mismas deberían contar con autorización de DIGEMID. Asimismo, otro equipo encargado del proceso de vacunación, armado de padrones por prioridad y región, mapeo de red prestacional privada (incluyendo laboratorios clínicos y otros prestadores que puedan ser utilizados); prever y organizar capacitación a vacunadores, plataforma para registro de padrones de vacunación, con capacidad para enviar información diaria al MINSA y consolidar registros nacionales. Designar un oficial de cumplimiento que vele por la transparencia de todo el proceso y conformar, por último, un equipo de comunicaciones que informe con transparencia el desenvolvimiento de toda la iniciativa.

Esta propuesta no generará desigualdades ni injusticias sociales. Pretender que toda la población se someta a un monopolio estatal que no es eficiente, que no ha podido aplicar ni el primer millón de vacunas en un mes, genera una comprensible ansiedad. La promesa de obligar a todos los ciudadanos a cumplir un largo e ineficiente cronograma de vacunación estatal, aún sin fechas, sería condenar a muerte a miles de peruanos más y encajaría perfectamente en la igualdad de la servidumbre y la desigualdad de la libertad.

Columna de opinión publicada en el Diario Correo 28.02.2020