Perú y el reto de la competitividad: El ejemplo del sector agroexportador peruano

Es difícil hablar de competitividad sin mencionar al World Económic Forum (WEF), ellos definen a la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. Pero ¿cómo debemos entender esto? Pues de la manera más simple: un país competitivo tiene alineados y preparados sus sistemas internos para, entre otros temas, atraer inversiones que se desarrollen de manera fluída y sostenible y que den como resultado una alta tasa de productividad, crecimiento económico, generación de empleo, ingresos más altos para sus ciudadanos, todo esto se traduce en una mayor calidad de vida, que es el fin último.

Toda la política pública, en teoría, debería converger en este fin último, que es el elevar el bienestar y la calidad de vida, pero para esto hay que crear las condiciones, alinear esfuerzos y desarrollar una regulación que sume en este sentido. La otra cara de la moneda es que “lo que no suma, resta”, no existe la ruta corta o fácil, esto de pasar como por arte de magia mediante medidas populistas (o populares) a la mejora de la calidad de vida de manera inmediata, no ayuda a conseguir este fin último sino, por el contrario, nos alejan más de la competitividad y del bienestar sostenible.

La agricultura de exportación: ejemplo de competitividad

Es bueno mostrar con ejemplos concretos esto de la competitividad, para ello quisiera tomar como referencia el caso de la agricultura de exportación peruana. Los principales países agroexportadores mundiales de frutas y hortalizas son Estados Unidos, China y España, en este ranking el Perú se encuentra en una súper buena posición, la décimo sexta, considerando además que se mide el desempeño de 212 países.

Esto es debido a una adecuada política pública que incluye regulación sectorial y transversal sostenible de largo plazo con seguridad jurídica, infraestructura pública productiva, política de apertura comercial, fortalecimiento institucional, profesionalización del aparato público sectorial, entre otros.

Entre la regulación sectorial se encuentra la Ley de Promoción Agraria, que ha adecuado la regulación a la realidad del sector, creando las condiciones correctas para que la agroexportación se desarrolle a través del dinamismo propio de los actores económicos, que invirtieron en este nuevo sector con un modelo de negocio innovador y convirtieron al Perú en un país reconocido a nivel mundial en este rubro. El resultado: hoy en día, la agricultura de exportación peruana compite a nivel global en los mercados más exigentes y de igual a igual con las economías más desarrolladas y avanzadas del mundo.

En contraste vemos lo que viene pasando con la competitividad de nuestro Perú en el ranking global del WEF 2018, se encuentra en el puesto 72 de 137 países, y además descendió 5 posiciones respecto al año anterior. Pero ¿cómo se puede ser competitivo en el sector agroexportador si el Perú tiene esta muy mala posición a nivel general y descendiendo?

Trataré de explicarlo, si medimos a Estados Unidos, China y España con un indicador objetivo como el ranking del WEF ellos se encuentran en los puestos 2, 27 y 34 respectivamente, llevándonos mucha ventaja en la escala de competitividad global. Además, si profundizamos un poco y vemos algunos de los indicadores agregados del WEF en donde se encuentran algunos de los instrumentos que requiere la agroexportación peruana para ser competitiva vemos que, cómo país, nos encontramos con notas muy deficientes:

• Instituciones: EEUU (20), China (41), España (54), Perú (116)
• Infraestructura: EEUU (09), China (46), España (12), Perú (86)
• Educación Superior y Capacitación Laboral: EEUU (03), China (47), España (28), Perú (81)

Para salvar esas deficiencias del Estado, el sector agroexportador ha tenido que ganar mayor competitividad y productividad en los elementos que controla para compensar la falta de competitividad en los elementos que dependen del sector público.

Por ejemplo: hemos logrado altas productividades en los cultivos de exportación por hectárea (elemento que maneja el sector privado). Sin embargo, el país ha reducido su competitividad en la infraestructura pública para el comercio exterior (elemento de responsabilidad del Sector Público).

O este otro ejemplo: las empresas del sector tienen modelos de negocios de primer mundo que evolucionan de acuerdo al dinamismo del mercado (elemento que maneja el sector privado). Sin embargo, la Ley N° 27360 – Ley de Promoción Agraria vence el 2021 y aún no se aprueba la ley para darle sostenibilidad y seguridad jurídica en el largo plazo (elemento de responsabilidad del sector público).

En las sumas y restas el sector sigue siendo competitivo, sin embargo esto tiene un límite, en la medida que los componentes a cargo del Estado se sigan deteriorando, no se tomen decisiones correctas e inmediatas y no sumen al incremento de la competitividad del país en el momento que se requieren, estamos poniendo en riesgo la competitividad de sectores económicos como el agroexportador que son fuente de divisas para el país y de empleo formal en las zonas rurales de las regiones.

El incremento de la competitividad del país debe ser una de las principales tareas y objetivos nacionales y una medida perfecta de éxito (o fracaso) de la gestión pública. Para avanzar en la competitividad del país, lo primero es que la agenda de competitividad debe ser trabajada entre el sector público con cada uno de los sectores económicos, uno de los más importantes es el sector agroexportador; lo segundo, es tener una estrategia con visión del largo plazo pero con un rumbo definido; tercero, implementar las medidas de manera urgente, orgánica y coordinada.

Finalmente se debe considerar que la competitividad no es estática, evoluciona porque el mundo evoluciona de manera muy dinámica y a gran velocidad, por lo cual el trabajo público privado de impulso de la competitividad debe ser permanente y fortalecerse con los aportes de la institucionalidad privada de cada uno de los sectores, para lograr tener instrumentos que desarrollen el país, orienten la política pública de manera eficiente y alineen los intereses impulsando todo lo que genere valor para conseguir el fin último.

 

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