Políticas fértiles

En 2001 se creó la (ya extinta) Ley de Promoción Agraria (LPA) para potenciar el desarrollo del sector agroindustrial a través de la atracción de inversión. Los beneficios han sido muchos y largamente comentados. En dos décadas las exportaciones agrarias se multiplicaron por 20. Así, se convirtió en el segundo productor de divisas del país, y el primero en generación de puestos de trabajo formales y descentralizados. Con ello, se transformó la vida de más de un millón de peruanos del sector rural.

Pero esto no sucedió de manera espontánea, se requirió de predictibilidad en la legislación tributaria, laboral y regulatoria sobre el medioambiente, derechos de agua, titulación de predios y sanidad agraria. Este conjunto de condiciones, acompañado de la disponibilidad de terrenos eriazos a gran escala y acompañado de un mercado global ávido de productos frescos de contraestación, atrajo inversión de capital en el campo nunca vista en el Perú. Inversionistas privados, principalmente nacionales, emprendieron esta aventura que ha requerido US$15,000 millones, para habilitar las 230,000 hectáreas que conforman hoy el sector agroexportador, las que apenas representan el 3.29% de la superficie agrícola del Perú y consumen menos del 1% del recurso hídrico destinado al agro.

Según el reporte de ComexPerú, DataComex, en 2022 las exportaciones agrícolas alcanzaron los US$9,863 millones. Siendo el margen operativo promedio del sector 15%, es sencillo evidenciar que la inversión operativa del sector alcanza los US$8,380 millones (S/30,600 millones) por año, recursos que en gran medida se quedan en las regiones en forma de compensaciones salariales a los trabajadores y compras a decenas de miles de proveedores de diversos bienes y servicios, que la agroindustria requiere, lo que a su vez genera más puestos de trabajo y dinamiza la economía nacional, especialmente la de las regiones donde opera.

Por el lado del empleo directo, el régimen de contratación flexible generó competencia entre las empresas del sector por los trabajadores más productivos, fomentando con ello la capacitación entre los nuevos reclutas. Así, los esparragueros migran, según el calendario de cosecha, desde su natal Huancavelica hasta Ica, y luego a Virú y a Chepén. Esto permite al trabajador especializado, mediante bonos de productividad, obtener ingresos sustancialmente mayores durante todo el año. Lo mismo sucede con los cosechadores de uva, mango, palta y, ahora, arándano, cuyos especialistas buscan las cosechas en Piura, Olmos, Chepén, Chavimochic, Huaura, Chincha, Ica y Nasca en pos de un premio económico por su habilidad para cosechar y procesar la fruta.

EL NEFASTO CONGRESO TRANSITORIO Y EL BETA

En diciembre de 2020, el Congreso transitorio se ensañó con el sector agrícola y contra todas las evidencias del bienestar que la Ley de Promoción Agraria había generado, pues la derogó y la reemplazó por una que continúa vigente y que incrementó los costos de contratación laboral en 45.97%, dentro de los cuales destaca la creación de la Bonificación Extraordinaria para el Trabajador Agrario (BETA), una bonificación indiscriminada del 30% por encima de la remuneración mínima vital (RMV) que ‘socializa’ las bonificaciones que son habituales en el sector, y limita la capacidad del empleador de bonificar al trabajador por sus capacidades y esfuerzo. Como consecuencia, la medida ha producido una migración masiva del régimen agrícola al régimen general o a la informalidad, y el ingreso promedio mensual de los trabajadores agrarios se redujo de S/1,580 a S/1,510, desincentivando la productividad laboral del sector.

Mientras tanto, el agro está expuesto a variables imponderables, como cambios climáticos, falta o exceso de agua, plagas y otros, que afectan su producción, como lo es este año con temperaturas por encima de 5 °C sobre el promedio, lo que mermará la productividad de los campos entre 30% y 50%. Sin embargo, el impacto en la regulación laboral es uno de los factores que más daño le ha hecho al sector agrícola peruano, pues le resta competitividad cuando más la necesita para afrontar los bajos precios derivados de la saturación de los mercados y de la recesión en los que ellos se encuentran.

Me temo que un eventual incremento en la RMV manteniendo el bono BETA de 30% adicional será el ‘puntillazo’ final que dejará fuera de juego a ciertos cultivos y muchas empresas, que hoy lidian con el fenómeno de El Niño y los sobrecostos derivados de este en un entorno de contracción de los mercados internacionales. Ello solo generaría la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo formales, además de la reducción de los ingresos de los trabajadores activos.

LA AGENDA PENDIENTE

Debido a las condiciones naturales de la costa peruana, a la utilización de tecnología de fertirriego presurizado de última generación y a la adopción de técnicas de manejo de cultivo de excelencia, la productividad de los campos dedicados a la agroexportación en el Perú es largamente superior a la de otros países competidores, lo que redunda en menores costos y menor consumo de agua por kilo producido. Eso nos genera una ventaja competitiva y nos permite abastecer eficientemente a los mercados globales, a pesar de la distancia, con productos frescos refrigerados.

Luego de lidiar con los efectos del fenómeno de El Niño de este año, el reto de la industria está en recuperar la competitividad del sector a través de nuevas herramientas para promover y desarrollar las capacidades del trabajador agrario para hacerlo competitivo, también en la adopción temprana de herramientas tecnológicas de soporte a las operaciones y en la integración en la cadena de suministro en los mercados de destino.

Columna de opinión publicada en Diario Perú 21 el 28.07.2023.