El Consejo Privado Anticorrupción exhorta al Congreso a reflexionar y actuar con transparencia.
Las difíciles circunstancias por la que atravesamos hacen necesario redoblar los esfuerzos para vigilar que se cumplan las políticas de Estado destinadas a reforzar la integridad y la transparencia en el país y combatir la corrupción, tanto en el sector público como en el privado.
Para lograr una mayor transparencia sobre las gestiones y relaciones y evitar posibles conflictos de interés en el ejercicio de la función pública, el Decreto de Urgencia 020-2019 (DU-020-2019) dispuso la obligatoriedad de que todo alto funcionario del Estado –lo cual incluye a los congresistas y sus asesores– presente su Declaración Jurada de Intereses (DJdI), dentro de los 15 días hábiles de ser elegido o incorporarse al cargo, debiendo actualizarla cada año.
Lamentablemente, el día de ayer, bajo el dudoso argumento de garantizar su autonomía, el Congreso de la República, mediante una resolución legislativa decidió, por mayoría, excluirse de la obligación dispuesta por el DU-020-2019 y reservarse el derecho de definir ellos mismos la forma y oportunidad en que lo harían, y de definir quiénes serían los funcionarios al servicio del Parlamento que deberían estar comprendidos en esta obligación.
Dicha resolución legislativa constituye un atentado contra la transparencia en el ejercicio de la función pública, indispensable para asegurar su integridad y evitar las prácticas corruptas que tanto daño le vienen ocasionando al país.
En pleno estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, nuestros representantes deberían dar señales claras a todos los peruanos sobre su compromiso con la transparencia y la integridad.
Desde el Consejo Privado Anticorrupción, hacemos una exhortación al Congreso para que revierta inmediatamente esta decisión y los congresistas y sus asesores cumplan con su obligación de presentar sus Declaraciones Juradas de Intereses.
8 de mayo 2020
Fecha: 08 mayo 2020