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Por: Fernando Cáceres, economista

Cualquiera que lea los 111 artículos de la nueva Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, sin revisar las disposiciones finales, concluiría que Sedapal –por fin– será sometida a algún tipo de asociación público-privada (APP). Y si bien no es verdad tanta belleza, el nuevo marco institucional trae algunas novedades que podrían mejorar el sector saneamiento.

Una de las reformas centrales es haber separado el servicio de tratamiento de aguas residuales del servicio de alcantarillado. Mientras la titularidad del servicio de alcantarillado quedará en manos de las municipalidades provinciales y seguirá siendo prestado por las EPS (Empresas Prestadoras de Servicios), la del servicio de aguas residuales pasará a manos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), desde donde se impulsarán asociaciones público-privadas (APP), gracias a su experiencia en La Chira y Taboada.

Si bien no faltarán quienes se opongan a esta reforma argumentando que las APP equivalen a privatización, lo cual es falso, lo cierto es que si restamos el tratamiento de aguas residuales realizado por Taboada y La Chira (64% del total tratado), las 51 EPS restantes tratan tan solo el 36%.

Esto implica no solo que existe un amplio campo para realizar APP, sino que existen menos grupos de interés que se opondrían a su realización que si se impulsaran APP en agua o alcantarillado.

La oportunidad es buena para que el Ejecutivo emprenda nuevos proyectos, tal como ya se anunció para Puno, pero debe ser extremadamente cuidadoso en que, desde el MVCS, se realice una correcta evaluación y selección de proyectos, una transparente dirección y gestión de compras, y una correcta elaboración y supervisión de los contratos.

El caso Lava Jato cada vez afectará más la reputación de todas las APP. Hagan de estas APP casos de éxito.

Fecha: 17 enero 2017 | Fuente: Perú21

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