Oportunidad cultural y económica

Hace un año, el Ministerio de Cultura, en el marco de la delegación de facultades, propuso dos reformas claves para el fortalecimiento de la institucionalidad del sector y, en particular, para la conservación del patrimonio cultural: la aplicación del régimen de obras por impuestos y la creación de los convenios de gestión cultural. Lamentablemente, la segunda reforma, aprobada por el Decreto Legislativo 1198, fue derogada por el Congreso anterior. 

En una columna publicada el año pasado describí las características de los convenios de gestión cultural. No se trataba de privatización ni de concesión del patrimonio arqueológico y, además, se mantenían sus características de intangible, inalienable e imprescriptible. Así, se respetaba su naturaleza protegida, al mismo tiempo que se incentivaban la inversión y el fortalecimiento de capacidades, bajo un nuevo esquema colaborativo entre el sector público y el privado. 

En el aspecto técnico-normativo, la formulación y el debate se inició al interior del Ministerio de Cultura. Considerando su reducido presupuesto (0,28% del presupuesto público), este reconoció que el camino para avanzar en la protección de los aproximadamente 20.000 sitios arqueológicos existentes pasaba por promover reformas y revisar paradigmas. Se partió de las premisas de que las principales amenazas sobre los sitios arqueológicos –invasiones, huaqueo, etc.– se originan cuando estos no tienen un uso y de que las normas internacionales recomiendan su gestión sostenible, sin excluir a nadie. 

Luego del consenso al interior del ministerio, este convenció al MEF de la pertinencia de crear un vehículo cultural ad hoc que promoviera la inversión y las capacidades públicas y privadas, pero en equilibrio entre conservación y desarrollo. 

En el ámbito político se generó un debate muy interesante. Mientras distintas tiendas políticas apoyaron la norma en democracia, un sector en el Cusco se opuso violentamente, sin ponderar su propio potencial y la realidad de otras zonas del país. 

El debate posterior en el Congreso que llevó a la derogatoria del decreto legislativo fue muy pobre. Primó el eco de los actos violentos en el Cusco y no el apoyo recibido desde otras regiones, y de parte de especialistas y asociaciones (como la Asociación de Municipalidades del Perú o la propia Cámara Regional de Turismo del Cusco). 

La reforma debe retomarse. Tenemos un activo cultural valiosísimo que debemos proteger y que nos diferencia a nivel global. Dejemos atrás los paradigmas de que el patrimonio cultural es una traba para la inversión o que la conservación es incompatible con ella. Debemos convencernos de que su gestión sostenible es un gran camino que tenemos para generar, a nivel nacional, desarrollo, empleo y unión. 

Ha transcurrido un año desde la derogatoria del Decreto Legislativo 1198, y lo que sigue vigente es la problemática y las 20.000 oportunidades que motivaron su aprobación.