Tres dificultades principales

Lo básico es tener claro cuáles son los cuellos de botella que enfrentamos. En el sector privado hay consenso sobre tres dificultades principales: Uno, la permisología que traba las inversiones en hidrocarburos y los grandes proyectos en minería e infraestructura. Dos, el desequilibrio existente, aún irresuelto, entre el peso de los aspectos ambientales y los económicos, en perjuicio del crecimiento, las inversiones, y la reducción de la pobreza con inclusión. Tres, la informalidad laboral y económica.

Revisemos lo que el Gobierno viene haciendo en cada uno de estos casos.

Respecto a la permisología se han dictado normas diversas que intentan resolver la enorme resistencia de los funcionarios a tomar decisiones por temor a terminar enjuiciados o denunciados. Algunas normas reiteran normas anteriores dictadas con el mismo objeto, que no dieron resultado. La intención sigue siendo buena, pero los resultados no acompañan.

¿Hasta cuándo se seguirán dictando normas que se quedan en el tintero? Ha llegado la hora de tomar el toro de las trabas por las astas. Por ejemplo, en temas de transportes hay docenas de adendas a contratos de concesión, en trámite, algunas con tres o cuatro años de antigüedad. Intervienen la contraloría, el regulador, el ministerio, Provías, y no terminan de resolver. ¿La solución? Firmar las adendas, porque el movimiento se demuestra andando. Estamos hablando de miles de millones de dólares de inversiones paralizadas, mientras la economía ha dejado de crecer ¡por falta de inversiones!

Respecto al desequilibrio entre lo ambiental y lo económico, el ambientalismo con su prédica antiinversión ha logrado paralizar miles de millones en grandes inversiones, sobre todo en hidrocarburos. En infraestructura, las mayores trabas son las ambientales. Lo declaran los empresarios a diario, y el ministro del sector ambiente contesta que no es cierto, que no hay una sola inversión paralizada.

Ante tal negación de la realidad, es difícil esperar que los problemas se corrijan solos, por más esfuerzos que haga el MEF por recuperar el equilibrio perdido. Se necesita que esto se dilucide por el bien del país. Que haya una conferencia global sobre medio ambiente aquí este año, no justifica la falta de convicción que se muestra.

La informalidad es el mayor problema nacional. La informalidad laboral se enfrenta con una reforma laboral. El eje son los costos laborales no salariales, que en el Perú son muy elevados (más de 60% del salario bruto), y superan los de Chile, México y Colombia, nuestros socios en la Alianza del Pacífico. Esta es una reforma contra intuitiva, dado que cuesta trabajo creer que a menores costos laborales no salariales se percibirán mayores salarios. Chile tiene costos laborales no salariales de alrededor de 30%, y los salarios promedio son muy superiores a los peruanos.

Plantear una reforma laboral en forma requiere determinación. La discusión política alrededor de este debate sería grande, aparentemente no existe forma de evitarlo. No es fácil sacar adelante una reforma laboral en ningún lugar del mundo.

Ídem, en el caso de las temibles barreras municipales se necesitaría reformar la constitución o acotar la ley orgánica de los gobiernos locales, para obligarlas a dejar de impedir que las inversiones avancen, convirtiendo los trámites en una vía crucis. Una malentendida autonomía municipal en la Constitución hace que una ley nacional pese tanto como una ordenanza de cualquier municipio. Esto conduce al desgobierno. Corregirlo requiere tanta determinación como para la reforma laboral.

El país ha llegado a un límite: o resuelve estos problemas pronto, o nos volveremos a rezagar y dejaremos de crecer. Sería lastimoso perder lo avanzado