¿Será un bache?

El Gobierno, en reacción ante la desaceleración de la economía, promulgó un paquete de normas aprobadas por el Congreso, que espera den resultados el próximo año. Hace pocos días aprobó medidas adicionales que, entre otras, liberan parcialmente la CTS, incrementan aguinaldos, ponen algo de dinero en manos de la gente, y pueden impactar pronto, pero son de corta duración. Se anuncian medidas adicionales en el mensaje presidencial del 28 de julio.

Algunos critican las medidas dictadas por el Gobierno porque consideran que restablecer el equilibrio entre los temas económicos y los ambientales, y destrabar inversiones no tiene que ver con la recuperación del ritmo del crecimiento, dado que, según afirman, ni los temas ambientales ni la permisología han causado la desaceleración, la cual atribuyen fundamentalmente al "tapering" en EE.UU. que genera salida de capitales del país, y a la caída de las exportaciones.

Es cierto que las exportaciones han caído, y el déficit en cuenta corriente ha crecido por la salida de capitales y el déficit comercial externo, pero además de eso la confianza empresarial decayó, y las inversiones privadas de todos los tamaños dejaron de crecer desde fines del año pasado. Hoy la realidad nos está pasando la cuenta.

El gasto público se ha empantanado por los escándalos de corrupción en los gobiernos regionales, que paralizan el gasto regional y local, ahora que la corrupción se tornó algo peligrosa. Aunque se lograra estimular el gasto, la inversión pública es pequeña en relación a la privada.

El hecho es que existen grandes proyectos mineros, energéticos y de infraestructura trabados por la permisología. Sobresalen las trabas para obtener permisos ambientales y permisos municipales. Estos proyectos dinamizan la economía tan pronto se inician las obras, porque inmediatamente gastan en salarios, insumos, pagan impuestos, y además como son proyectos a largo plazo implican la entrada de capitales que el país necesita para compensar el preocupante déficit en cuenta corriente que se viene registrando.

Mientras que el arranque de los grandes proyectos mineros suele estar vinculado a que los precios de los minerales sigan siendo suficientemente atractivos en relación al momento en que se proyectaron, no hay razón –excepto las increíbles trabas- para que los proyectos de infraestructura adjudicados no se inicien de una buena vez.

Durante el presente gobierno, ProInversión ha logrado adjudicar 28 proyectos por más de 19,000 millones de dólares, superando lo adjudicado por los gobiernos anteriores desde que se iniciaron las asociaciones público privadas en el país.

Lastimosamente, la post adjudicación, que transcurre desde la firma del contrato de una APP hasta el inicio de las obras, suele tomar años. Por ejemplo, de los 10,700 millones en 34 proyectos adjudicados del 2010 al 2013, 14 proyectos (43% del monto) aun no inician obras. Y no hay información sobre el avance de las obras iniciadas.

Las demoras le cuestan al país porque conforme pasan los años, los presupuestos de las obras se desactualizan; y le cuestan a las personas porque siguen perdiendo dinero y oportunidades por la falta de infraestructura apropiada.

Se necesita una solución radical de este tema, si queremos que la desaceleración actual sea solo un bache de corta duración, dándole a la economía el impulso, la dinámica necesaria para que a fines de este año y durante el 2015 retomemos el ritmo de crecimiento del producto por encima de 6 % por año.

Por un lado, se necesita destrabar cada nudo, sean estos los permisos ambientales, las expropiaciones, el trámite interminable de la ingeniería de detalle, el CIRA, o los permisos municipales. Pero, por otra parte, también se requiere una decisión política clave: ponerle un límite al tiempo disponible para que se inicien las obras, tras la firma del contrato respectivo. Digamos ¿seis meses? Lo que no puede seguir sucediendo es que importantes proyectos tomen años antes de iniciarse.

Las soluciones son simples, no fáciles, sino simples pero difíciles de implementar. ¿De que otra manera se podría destrabar el infernal enredo de trámites repetitivos, algunos innecesarios, hechos para frenar, no para impulsar las inversiones? Imagínense: si las soluciones fueran necesariamente tan complejas o más complejas que las trabas, estaríamos en un infierno sin salida.

Se necesita decisión política para enfrentar las barreras burocráticas. Ojala el mensaje del 28 de Julio incluya esto. No bastan las normas. Algunas simplemente no se cumplen, no se llegan a aplicar porque la burocracia está allí para seguir trabando, mientras cuida su pellejo, y las sanciones a quienes traban son hasta ahora meramente declarativas.