Descentralización, gran reto pendiente

De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la descentralización consiste en la transferencia de autoridad y responsabilidad de las principales funciones gubernamentales de los Gobiernos centrales a los subnacionales, sociedad civil y sector privado. Así, la descentralización permite una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y, a los Gobiernos subnacionales, responder dinámicamente a las necesidades de las comunidades.

Desde finales de la década pasada, una gran cantidad de países han centrado sus esfuerzos en implementar políticas que promuevan la descentralización. Según el BM, desde hace varios años, más del 95% de las democracias en el mundo cuentan con Gobiernos subnacionales electos y transferencia de poderes tanto fiscales, como políticos y administrativos. Si bien existen países cuyas poblaciones ya gozan de los beneficios de un proceso descentralizador exitoso, hay muchos otros en los cuales resulta ser una tarea más que complicada.

En el Perú, la descentralización política, económica y administrativa es parte de la política de Estado; sin embargo, el proceso descentralizador no se ha concretado como se quisiera. Desde el periodo incaico, ha existido una disputa entre autoridades regionales, en busca de mayor independencia y autonomía, y un poder central con un afán homogeneizador. En este sentido, hasta el día de hoy, el debate se centra en los distintos intereses de la clase política y se deja de lado al ciudadano y el interés nacional. Debido a eso, a pesar de haber logrado un crecimiento ininterrumpido por 20 años, las bondades del modelo no han llegado a todos los ciudadanos. Y es que las reformas implementadas que hoy nos permiten gozar de indicadores económicos estables y positivos, han dejado de lado importantes factores institucionales.

Si bien, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley 29158), los ministerios y demás autoridades del Gobierno central tienen la tarea de diseñar las políticas nacionales que todos los niveles de gobierno deben cumplir y, además, cuentan con capacidad sancionadora y de vigilancia, estos, en muchos casos, no cumplen con dicha función. Así, los únicos perjudicados son los ciudadanos, por causa de la falta de voluntad política y debilidad de las autoridades.

Por el contrario, aquellos países que han logrado mayores avances basan su proceso en mecanismos que permiten la descentralización de los servicios a partir de la eficiencia de estos, con lo que el debate se centra en los beneficios que tendrían sobre la población y no en intereses políticos. Además, han desarrollado sólidos mecanismos institucionales que, efectivamente, permiten regular la intervención del Gobierno central cuando los Gobiernos subnacionales y demás instituciones descentralizadas no cumplen de manera adecuada con sus funciones o se alejan del interés nacional.

En Alemania, por ejemplo, la ley otorga la autoridad al Gobierno federal para imponer medidas contra un estado miembro en caso no cumpla con las obligaciones que le corresponden. Así, ha logrado exitosamente resguardar la diversidad regional y pluralidad. Del mismo modo, la existencia de diversos centros democráticos ha permitido un proceso político más transparente y cercano al ciudadano, al adecuarse a sus necesidades y preocupaciones. Aunque existe una diferenciación entre cada estado, el alto nivel de coordinación entre estos permite una descentralización exitosa.

Un caso más reciente es el de Bélgica que, impulsado por su historia y por la existencia de diversas comunidades lingüísticas y culturales, pasó de ser un Estado unitario a uno federal. Como consecuencia de la correcta transferencia de funciones y poderes, y bajo un sólido marco institucional, las regiones cuentan con un alto grado de autonomía y gobernanza efectiva que se traduce en una eficiente provisión de servicios. Según el Índice para una vida mejor, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el nivel de satisfacción general de los ciudadanos ante la vida en el país belga es mayor que el promedio de la OCDE y existe un alto nivel de participación cívica.

Un proceso más radical fue el desarrollado por Nueva Zelanda, principalmente en el ámbito educativo. En este país, cada escuela pasó a ser autoadministrada y supervisada por un directorio o instancia local, conformada por representantes de la misma escuela y de la comunidad. Así, la escuela, junto al directorio, decide su diseño, gestión y administración, el control sobre el personal e instalaciones, y el manejo de presupuesto. Cabe resaltar que la evidencia indica que, sin control del Estado, dicho mecanismo resultaría ineficiente. Por ello, el Ministerio de Educación del país y entidades encargadas son los responsables de fijar y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa.

En general, los países con mayor éxito en descentralización no solo han delegado funciones y poderes, sino que han complementado dicho proceso con el fortalecimiento de sus instituciones y la implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento efectivo de la ley y el interés nacional.

Ahora bien, la descentralización no es propia únicamente de países desarrollados. Por ejemplo, según el BM, Sudáfrica y Uganda, aun cuando enfrentan grandes retos en términos de descentralización, utilizan este proceso como uno de sus principales instrumentos de unificación; Bosnia Herzegovina y Etiopía, como una respuesta a su diversidad étnica; Sri Lanka, como una potencial solución a la guerra civil, y Colombia, para obtener el apoyo de la población, principalmente en las áreas bajo control rebelde.

Existe evidencia de que una adecuada descentralización no solo trae beneficios en materia de asignación de servicios, sino también mejora la transparencia y el sentido de pertenencia de los ciudadanos. Como país, debemos buscar un Estado sólido que diseñe políticas a partir de las necesidades del ciudadano y con instituciones fuertes y con capacidad sancionadora. Asimismo, debe promover la coordinación entre los distintos entes subnacionales y el Gobierno central. Finalmente, dicha labor no corresponde únicamente al sector público, sino que también es necesario promover la colaboración entre los sectores público y privado mediante herramientas como obras por impuestos o asociaciones público-privadas.