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Por Leonie Roca, presidenta de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)

Cuando hace ya casi tres décadas empezamos a avanzar en la transferencia al sector privado de infraestructuras y servicios, lo hicimos fundamentalmente como reacción a dos hechos innegables: la restricción fiscal y el convencimiento de que la empresa pública no era sostenible.  Así empezaron los primeros procesos de privatización y entrega en concesión, guiados por el PROINVERSIÓN de esos años, que se llamaba COPRI.

Con el transcurrir de los años, el éxito de muchos de estos procesos aceleró la decisión de continuar transfiriendo al sector privado más responsabilidades. Se fortalecieron los organismos reguladores para darle un marco de seguridad regulatoria al sistema de concesiones y se fue adquiriendo la experiencia en cómo llevar los procesos. La COPRI se convirtió en PROINVERSIÓN, algunos ministerios introdujeron en sus estructuras instancias con capacidad de formulación de proyectos, se creó la dirección de inversión privada en el Ministerio de Economía, entre otros ajustes institucionales.

Hoy, tenemos ya un stock importante de concesiones otorgadas en carreteras, aeropuertos, puertos, energía, telecomunicaciones, hidrocarburos, salud, entre otros. Mirando objetivamente estas concesiones, vemos que hay mucho que rescatar, pero también valiosas  lecciones a partir de las cuales empezar a construir un sistema de concesiones más sólido y eficiente, que responda a las inmensas necesidades de infraestructura que nuestro país aún tiene. La brecha se ha reducido, pero la agenda de temas por resolver es grande aún.

El Estado es uno

Desde AFIN tenemos la expectativa de construir un espacio para discutir y promover ideas en torno a esta nueva agenda que tenemos la obligación de enfrentar con un alto sentido de urgencia, porque los peruanos no podemos seguir esperando soluciones que no llegan. Pasar 20 días de nuestras vidas al año en un automóvil, constatar que en el Callao hay colas de camiones que alcanzan kilómetros, o mirar la poca cobertura de servicios como el alcantarillado en muchas regiones del país, es una confirmación que estamos heredando una deuda a las siguientes generaciones que nos debiera inquietar no resolver con prontitud. También podemos mencionar que sacar una adenda para ajustar un contrato a nuevos plazos como resultado de las demoras en la entrega de áreas o para adecuarlo a nuevas realidades de demanda, puede tomar más de un año, o que tramitar una iniciativa privada, convocada por el Estado a través de ventanas, puede demorar 5 o 6 años. Ni qué decir del poco apoyo que tienen las empresas concesionarias para realizar los ajustes de tarifas que sus propios contratos establecen y que son el sustento de los planes de inversión y de mantenimiento y operación. Es evidente que el sistema de concesiones requiere revisiones y ajustes y los necesita ya.

Creemos que la dispersión institucional existente que obliga a pasar por muchas ventanillas públicas que manejan criterios disímiles, es uno de los grandes retos a enfrentar. El Estado es UNO y debemos tener la madurez para enfrentar arreglos institucionales que garanticen esa unidad de actuación.

Consideramos, también, que debemos adaptar los sistemas de supervisión y control, repensando el rol de la Contraloría para evitar excesos paralizantes que no solo no atacan la corrupción, sino que aumentan el nivel de riesgo de los proyectos y, por lo tanto, generan conductas oportunistas o bien aumentan la tasa de rentabilidad esperada.

Necesitamos sistemas transparentes y eficientes

Tenemos que ser capaces de vencer la desconfianza que ha generado la corrupción creando sistemas transparentes y eficientes, que brinden toda la información necesaria para que el control sea un resultado de la información abierta. El control de resultados, antes que el control de procesos, es fundamental, pero requiere una importante dosis de información y apertura a la discusión y obliga a los funcionarios responsables a justificar abiertamente sus decisiones. La experiencia que se ha adquirido con la contratación de la PMO (que es la PMO?) de los Panamericanos en el manejo de procesos de procura complejos puede aportar luces de cómo un sistema de contratación puede ser sumamente transparente, pero a la vez flexible, garantizando calidad, precio y fechas de entrega.

Existen algunas lecciones de esta experiencia pionera en el país. Primero, la consolidación de responsabilidades en una entidad especializada con bastante autonomía, con un liderazgo conciliador y de peso. Segundo, un sistema de control concurrente. Tercero, herramientas de contratación de asesoría especializada que permiten resolver problemas con el aporte de especialistas de primer nivel. Cuarto -y quizás lo más importante-, sistemas transparentes que van mostrando a todas las partes los cambios en los proyectos, información abierta de las licitaciones que permite a las partes conocer las consultas y las respuestas y entienden los resultados de la adjudicación.

Por último, vemos con preocupación que el país no haya encontrado aún un sistema eficiente para poner a disposición de la infraestructura, las áreas que se requiere para el desarrollo de los proyectos.

Será interesante también escuchar de sectores sobre los que normalmente no pensamos cuando hablamos de concesiones. Los dos hospitales concesionados de ESSALUD, la gestión de la logística de medicamentos de ESSALUD en Lima y los proyectos de educación que están en cartera y de los que seguramente nos hablarán hoy, mostrarán cómo se puede aportar valor en beneficio de la gente en sectores que pensábamos enteramente públicos hasta hace poco.

Se trata de un tema de gran relevancia para la competitividad de nuestra economía y la mejora de la calidad de vida de quienes vivimos y contribuimos con el desarrollo del Perú.

(*) Estas declaraciones fueron formulas en el marco del Cuarto Congreso de Infraestructura que organiza El Dorado Investments con el auspicio institucional de AFIN, el gremio que agrupa a las empresas que gestionan infraestructura y servicios públicos y el apoyo del diario El Comercio.

Fecha: 17 octubre 2018

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