Marcha contra la delincuencia y por la paz

El alarmante crecimiento de la delincuencia común y el crimen organizado, incluyendo sus formas más violentas, vienen afectando la vida cotidiana de todos los peruanos, nuestra integridad física y psicológica, el normal desarrollo de nuestras vidas y el desempeño de las actividades económicas, y poniendo en riesgo la seguridad de las familias peruanas y su patrimonio.

Con 296 robos y un crimen por encargo (sicariato) cada 24 horas en el Perú, según datos de la Policía Nacional, y, recientemente, la condenable masacre en la mina La Poderosa en Pataz (La Libertad), se hace evidente la insuficiente capacidad de respuesta del Estado. La delincuencia se organiza, se torna más violenta y se expande porque carecemos de una estrategia nacional y de acciones concretas coordinadas entre los poderes del Estado para frenarla.

Frente a este problema nacional, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Confederación Nacional de Mototaxis del Perú, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) hacen un llamado a las diversas organizaciones de la sociedad civil, al gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, a las iglesias, a otros gremios sindicales y empresariales, así como a la ciudadanía en general a participar en la Marcha contra la Delincuencia y por la Paz el 19 de diciembre, iniciativa ciudadana que permitirá expresar, organizada y pacíficamente, el clamor de los peruanos por la paz y la seguridad ciudadana. En Lima, la concentración será en Campo de Marte (3 p.m.), y en las regiones, en las principales plazas del país.

Estando cercanos a la celebración de la Navidad, tenemos la esperanza de que esta iniciativa sea un punto de inflexión que permita el inicio de procesos de diálogos constructivos y con resultados, a diversos niveles, entre las propias entidades del Estado y con las instituciones de la sociedad civil, con el objetivo de establecer e implementar propuestas de estrategias integrales, participativas y sostenibles que permitan fortalecer el sistema nacional de seguridad ciudadana y resolver esta grave crisis de inseguridad.